En respuesta a las nuevas modalidades de violencia global y a la creciente “privatización de los conflictos armados”, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador) presentó un proyecto de reforma al Código Penal, con el objetivo de tipificar el mercenarismo y la creación de estructuras armadas privadas ilícitas.

La iniciativa legislativa busca blindar el monopolio estatal en el uso legítimo de la fuerza, resguardando bienes jurídicos esenciales como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional, ante el avance de redes transnacionales de reclutamiento y operaciones híbridas.

Claves del proyecto: definiciones, delitos y agravantes

El texto elaborado por el legislador del massismo establece un marco normativo específico para perseguir estas prácticas ilegales:

Definición de mercenario: Se tipifica como tal a cualquier individuo que, a cambio de una retribución material o económica, preste servicios de carácter militar, al margen de los supuestos permitidos por el Derecho Internacional y la legislación argentina.
Penalización integral: La norma castiga tanto la acción individual del combatiente como la conformación, financiamiento, logística y dirección de estructuras armadas clandestinas.
Agravantes severos: Las escalas penales aumentan considerablemente si las organizaciones afectan la defensa de la Nación, utilizan a menores de edad o facilitan crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad y actos terroristas.
Exclusiones explícitas: El proyecto delimita con precisión su alcance, y deja fuera de la norma a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad en funciones oficiales, misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), personal humanitario y sanitario, y a las empresas de seguridad privada que operan estrictamente dentro de la legalidad vigente.

El negocio detrás de la guerra y la advertencia internacional

Al fundamentar la iniciativa, Gutiérrez puso el foco en el drama humano que hay detrás de estas redes, y en la falta de herramientas jurídicas en el país.

“Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver, en un frente de batalla olvidado”, advirtió el diputado.

La propuesta se alinea con las reiteradas advertencias emitidas por organismos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (impulsor del Documento de Montreux), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que reclaman a los Estados marcos regulatorios firmes, frente a la expansión de ejércitos corporativos y contratistas de la guerra.

“Mientras la justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal”, concluyó Gutiérrez.

(MinutoUno)