Una persona está en un bar, una fiesta o un boliche y comienza a sentirse incómoda, amenazada o en peligro. Tal vez alguien la está acosando, intenta obligarla a hacer algo que no desea o le impide retirarse del lugar. En esas circunstancias, pedir ayuda abiertamente puede resultar difícil e incluso aumentar el riesgo.

Para ofrecer una respuesta ante estas situaciones, el diputado provincial Julián “Pancho” Aguilar (UCR) presentó un proyecto de ley que propone crear en La Pampa el Protocolo de Prevención y Asistencia “Preguntá por Ángela”, una herramienta destinada a brindar protección inmediata a quienes necesiten auxilio en espacios de recreación, eventos sociales y establecimientos de alojamiento.

La idea y el nombre del protocolo surgieron en 2016 en el condado de Lincolnshire, Inglaterra, como parte de una campaña local contra la violencia y el abuso sexual en el ámbito nocturno. Esta iniciativa ya se aplica en determinadas ciudades de la provincia de Santa Fe, con el mismo nombre.

La propuesta establece un procedimiento para que el personal sepa cómo actuar, pueda resguardar a la persona afectada y facilite el contacto con servicios médicos, de seguridad o familiares de confianza, según las circunstancias.

Aunque presta especial atención a la protección de las mujeres, el sistema estará disponible para cualquier persona que atraviese una situación de riesgo, sin distinción de género, edad o condición.

¿Qué significa “Preguntá por Ángela”?

El funcionamiento es sencillo: si alguien se siente amenazado, podrá acercarse a un trabajador del establecimiento y preguntar por “Ángela”.

Esa expresión funcionará como una señal de auxilio. Al escucharla, el empleado deberá reconocer que se está solicitando asistencia y activar el procedimiento correspondiente.

La persona no tendrá que explicar delante de otros qué le sucede, identificar públicamente a quien la incomoda ni demostrar que sufrió una agresión.

Además, no será obligatorio utilizar esa frase exacta para recibir ayuda. El protocolo también deberá ponerse en marcha cuando alguien solicite protección de otra manera, un tercero advierta sobre el peligro o los propios trabajadores detecten una situación preocupante.

El objetivo es que ninguna persona quede desprotegida por no saber cómo pedir auxilio o por encontrarse en circunstancias que le impidan hacerlo.

¿Cómo deberán actuar los establecimientos?

En primer lugar, el personal deberá escuchar a quien solicita asistencia, mantener la calma y avisar al responsable capacitado para intervenir.

Luego, se ofrecerá un espacio seguro, alejado de la persona señalada como presunta agresora, donde pueda permanecer sin quedar expuesta públicamente.

A partir de ese momento, se consultará qué necesita y si desea continuar en el lugar o retirarse. Con su consentimiento, se facilitará la comunicación con alguien de confianza y, cuando corresponda, un medio de transporte que permita una salida segura.

Si presenta lesiones, pérdida de conocimiento, confusión intensa, dificultades para respirar u otros signos de urgencia, se solicitará inmediatamente atención médica. Ante un peligro grave e inminente o una agresión en curso, deberá darse aviso a las fuerzas de seguridad.

La iniciativa también contempla situaciones de sospecha de sumisión química, es decir, cuando existen indicios de que una persona pudo haber sido afectada por sustancias capaces de alterar su conciencia o su capacidad de reacción.

En todos los casos, se deberá preservar la intimidad de quien recibe ayuda, evitar interrogatorios innecesarios y respetar su voluntad, sin perjuicio de las intervenciones exigidas por la ley o necesarias frente a una emergencia.

El personal no tendrá facultades policiales ni podrá realizar investigaciones por cuenta propia. Su función será proteger, acompañar y facilitar la intervención de los organismos competentes.

¿En qué lugares se aplicaría?

La implementación del protocolo será obligatoria en bares, pubs, discotecas, boliches y otros establecimientos de recreación nocturna.

También alcanzará a salones de fiestas, eventos sociales, festivales, espectáculos públicos, hoteles y alojamientos transitorios.

Los responsables de estos espacios deberán informar al personal sobre el procedimiento, exhibir carteles que expliquen cómo solicitar asistencia y contar con los contactos actualizados de los servicios de emergencia.

Capacitación gratuita para saber cómo intervenir

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la aplicación de esta herramienta no dependa solamente de colocar un cartel o dar a conocer una frase.

Para que funcione, los trabajadores deberán recibir instrucciones sobre cómo reconocer situaciones de peligro, asistir a quienes soliciten protección y actuar sin agravar las circunstancias.

La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, prevista como autoridad de aplicación, deberá ofrecer capacitaciones gratuitas, presenciales o virtuales, destinadas a titulares, organizadores y personal de atención al público y seguridad.

La formación será obligatoria para quienes tengan la responsabilidad de activar el protocolo.

Controles y sanciones para quienes no cumplan

El proyecto contempla mecanismos de fiscalización y establece sanciones para los establecimientos que incumplan las obligaciones previstas.

Las penalidades podrán consistir en apercibimientos o multas de entre cinco y cincuenta salarios mínimos, vitales y móviles, según la gravedad de la infracción, el riesgo generado y otros criterios establecidos en la iniciativa.

Sin embargo, la sola ocurrencia de un episodio de violencia no será motivo de sanción cuando el establecimiento haya cumplido correctamente con sus deberes de prevención y asistencia.

También se propone crear el reconocimiento “Espacio comprometido con tu seguridad – Preguntá por Ángela”, destinado a los lugares que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos.