Las concesiones mineras que funcionan como “negocios inmobiliarios” suelen ser denuncias recurrentes en el sector de la minería. El señalamiento de provincias, profesionales, académicos, empresarios proveedores y otros actores apunta a que hay empresas o personas que acceden a una concesión de una zona, y no avanzan sus proyectos.

Ahora se sumaron también al reclamo varios diputados y funcionarios provinciales en la Cámara de Diputados.

Uno de los voceros históricos de esta problemática es el geólogo y abogado especializado en el sector minero, Favio Casarín, quien ha publicado varias veces ensayos sobre la necesidad de hacer cambios profundos al Código Minero, y las razones por las que la actual normativa federal permite un mayor grado de especulación.

El problema de fondo que señalan todos los actores es que hay áreas con potencial que están quietas, que sirven a quienes tienen los derechos de exploración por su valor potencial, pero no generan ningún movimiento real en las comunidades y distintas cadenas de valor.

Según Casarín, hay alrededor de 3.000 concesiones en todo el país, cuando existen apenas 25 operaciones metalíferas y de litio, y 669 no metalíferas y de rocas de aplicación. Esto implica que sólo el 23% de las áreas mineras que están en manos de privados producen riqueza.

En diálogo con Dinamicarg, Casarín identificó problemas que tienen que ver con la redacción del código minero, que es la normativa de base que rige en todo el país. El especialista es uno de los que sostiene la necesidad de hacer una “modificación profunda”, e incluso habló de “eliminar el código y que exista una ley minera, como la que hay para la explotación de petróleo”.

Durante la extensa reunión que hizo la Comisión de Minería en la Cámara de Diputados de la Nación, la problemática surgió varias veces en la conversación, movilizada desde distintas provincias. Así, empezó a discutirse, aunque todavía sin un proyecto concreto, la idea de modificar el Código de Minería.

Esta norma es la columna vertebral de las regulaciones del sector en todo el país, y su primer texto data de noviembre de 1886. Si bien tuvo modificaciones a lo largo de más de un siglo, los artículos vinculados a las concesiones siguen bastante similares a los del texto original.

Walberto Allende, presidente de la Comisión Permanente de Minería, dijo que todavía no se puede considerar que están trabajando en cambios concretos. Detalló que sí se han abierto instancias de diálogo y quieren que esto continúe, aunque este trabajo deberá ampliarse a más actores de todo el país.

Problema de especulación 

Favio Casarín detalló cuáles son las razones por las cuales el actual código da lugar a este pobre avance en la explotación de los proyectos que fueron concesionados.

Esto tiene que ver con la forma en la que se desarrolla el trabajo dentro de la normativa, donde hoy existen instancias en las que quienes solicitan permisos y concesiones, encuentran vacíos para no avanzar con las inversiones.

A su vez, la interacción entre provincias, las dueñas del recurso, y el código que es nacional, no siempre facilita a las primeras para tener libertad de acción.

La primera instancia donde se producen estos problemas es en los permisos para iniciar los trabajos de prospección. En este momento, explicó Casarín, “puede hacerlo cualquier persona acreditando identidad y llenando un formulario, no exige calificación en esta primera instancia”.

Antes de empezar los trabajos, la única obligación que tienen los permisionarios es pagar un canon.

“el” negocio inmobiliario

Esto hace que algunas personas puedan solicitar una o más áreas de interés, para luego revender estos derechos a otros interesados. A esto se refieren quienes denuncian un “negocio inmobiliario”.

Para obtener la concesión, el siguiente paso, los interesados deben presentar un plan de trabajo y también un Informe de Impacto Ambiental.

“Esto, dijo Casarín, muchas veces hace que los plazos se dilaten. Primero por lo que demoran los trámites, luego porque una vez otorgada la concesión, los propietarios de ese derecho presentan distintos argumentos para no avanzar con las tareas programadas”.

Es que el Código exige a quienes obtienen concesiones a avanzar con inversiones en cierto plazo de tiempo, o se les revoca el permiso, que de otra manera es a perpetuidad. “Lo que termina sucediendo es que una vez que tienen el área, dicen que no pueden avanzar por el clima, por falta de rutas o en algunos casos, como el Proyecto Navidad en Chubut, porque se opone la comunidad”, contó.

Así, consiguen prórrogas y no pierden los derechos a esas áreas. O incluso sin estos problemas, el abogado y geólogo dijo que lo que prevé en la actualidad el código, son períodos muy largos, que van de 150 a 1.100 días, según la superficie y el mineral que van a explorar.

“Ni una camioneta”

En algunas jurisdicciones esto se agrava, porque a pesar de que las condiciones las dicta el código, la autoridad de aplicación es de cada provincia. “En algunas hay recursos, como en las que hay varios proyectos, y con el dinero de estos se financia a la Policía Minera. Pero en otras no hay ni una camioneta para constatar si los trabajos comprometidos se están haciendo”, dijo el abogado.

Así, consideró que la solución es que haya cambios. Estos podrían ser puntuales en los artículos del Código que hoy generan estos problemas de especulación, aunque él sostiene que debe ser algo profundo. “En mi opinión, lo que debe suceder es que las provincias tengan autonomía”.

“El código se creó antes de que le otorgaran los derechos del subsuelo a los estados subnacionales. Hoy no tiene sentido que haya una norma nacional y todo lo demás sea a nivel provincial”, aseguró.

Debates federales

La opinión de Casarín, aunque compartida por varios especialistas, es una más dentro de un debate que deberá darse en todo el país.

Walberto Allende explicó que en los últimos años ingresaron proyectos a Diputados para modificar artículos del Código Minero, pero no empezarán a trabajar con estos, si antes buscar opiniones de todas las provincias.

“Llamé a la representante del Cofemín (Consejo Federal de Minería) y le expresé la inquietud que había desde varios ministros de provincias mineras”, explicó el diputado, que representa a la provincia de San Juan.

“Como es un código tan importante, me parecía importante consultar a las provincias que no estuvieron presentes en la reunión”, agregó.

Es que en el primer encuentro de la Comisión Permanente de Minería, por primera vez convocaron a referentes de las provincias mineras que hoy cuentan con más desarrollos o potencial.

Se hicieron presentes integrantes de la Mesa del Litio, de la Mesa del Cobre, referentes de las provincias patagónicas que tienen minería. Incluso se sumaron voceros empresariales, de proyectos clave en desarrollo, y el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola.

Pero, explicó Allende, en todas las provincias argentinas hay actividades vinculadas a la minería, aunque no sean los proyectos de primera categoría y metalífero.

El código rige todas las actividades, incluso canteras de la región centro o provincias predominantemente agrícolas que extraen arenas para la construcción, que entra dentro de la definición de minería.

“Hemos quedado en organizar reuniones regionales para que cada una de las provincias puedan conocer la necesidad que plantean quienes quieren modificar el código minero, qué cambios quieren hacer, qué actualizar y qué no”, detalló Allende.

“Lo que deberán conseguir quienes quieren la modificación, es el consenso de todas las provincias, esto durante un año electoral, y también con algunas regiones que, aunque tengan actividades vinculadas al sector, tienen posturas negativas ante la minería metalífera”.

“Los encuentros regionales tomarán algunas semanas, dijo el sanjuanino, ya que deben organizar para visitar una provincia, y que haya representantes de otras cercanas presentes”.

Dos casos emblemáticos 

Existen más de 2.000 proyectos mineros concesionados que no cuentan con avances, según el cálculo de Favio Casarín.

60 años

Pero hay dos proyectos emblemáticos en el país, que cuentan con décadas de demoras. Walberto Allende recordó el caso del yacimiento Pachón, ubicado en San Juan “que lleva más de 60 años de promesas y todavía no se concreta”.

Si bien la empresa que cuenta desde 2013 con los derechos, Glencore, muestra anualmente avances, y tiene planes de inversión concretos en la actualidad.

Lo cierto es que durante décadas el yacimiento más grande de Argentina y uno de los 5 más importantes del mundo, estuvo en manos de distintas firmas y todavía no cuenta con una fecha concreta para el posible inicio de producción.

Proyecto Navidad

Casarín agregó el ejemplo del Proyecto Navidad, en Chubut. “Este yacimiento tuvo problemas porque la empresa a cargo, Panamerican Silver, no hizo las cosas bien, y no tiene la licencia social de la comunidad”, explicó el especialista.

“Si las provincias tuvieran más libertad de acción, podrían decirle a la operadora ‘si ustedes no son capaces de avanzar, devuelvan la concesión’, pero esto no está contemplado en el código”, señaló.

(dinamicarg)