En la sede local del organismo, un móvil de la Policía Federal se instaló en la puerta y los efectivos controlaron el ingreso a la oficina.

La situación fue advertida por el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, al señalar que Nación tiene “un absoluto desinterés por las telecomunicaciones de los habitantes de las provincias”.

El funcionario provincial señaló que “es una muestra más del centralismo porteño”, a través de un posteo en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Siguiendo en esa línea, señaló que la decisión del gobierno nacional “no sorprende, pero igual enoja, discrimina y ofende”. La medida comenzará a regir desde el 1º de abril. Desde el gremio ATE advirtieron por el despido de cientos de trabajadores en una primera instancia.

El Enacom, ente que regula los servicios de comunicación, se encuentra intervenido por 180 días desde el 26 de enero, y quedó a cargo de Juan Martín Ozores y sus interventores adjuntos, la abogada Patricia Zulema Roldán, y Alejandro Pereyra, ex director de Enacom en la gestión de Mauricio Macri.

La provincia

En La Pampa, a principios de marzo fue despedido Guillermo Rechimont, quien era el encargado del organismo en la provincia. Según fuentes consultadas por La Arena, en la delegación local sólo quedarían cuatro personas realizando tareas de inventario. Hoy son cinco trabajadores en Santa Rosa, y dos en la subdelegación de General Pico.

El pampeano Alejandro Gigena integró hasta diciembre pasado el Directorio del Enacom, en representación de La Pampa y las provincias.

Evaluación

El Enacom en La Pampa entregó 8.000 tablets en 78 localidades, y se incluyó a la señal de la TV Publica Pampeana en la grilla de Directv, todo esto en conjunto con el Gobierno provincial.

Además, se concluyeron 101 trámites de prestadores de TIC pampeanos, se otorgaron alrededor de $1.000 millones en aportes no reembolsables para aportar a la calidad de la conectividad (fibra óptica) en 59 localidades.

Se otorgaron 43 licencias y registros de TIC (TV por cable e Internet) a prestadores pampeanos, entre ellas, a las empresas Empatel Sapem y Aguas del Colorado Sapem.

Se concluyeron los trámites de 27 radios FM, y 19 de cooperativas pampeanas, y se otorgaron más de 28 millones de pesos a medios comunitarios de la provincia, a través de concursos Fomeca.

Por otro lado, se dotó a Pichi Huinca de telefonía móvil 4G, y se aprobaron proyectos similares para otras cinco localidades pampeanas.

La Federal controló ingresos

El mapa de los despidos en el Estado nacional afecta a diversos organismos. En las últimas horas, se conoció la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar la delegación provincial del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en el marco del plan de ajuste que lleva adelante.

Ayer a la mañana, un móvil de la Policía Federal se instaló en la puerta de la sede del Enacom en Santa Rosa, en la calle Hipólito Yrigoyen 621 casi Oliver. Allí, efectivos además controlaron el ingreso del personal.

En principio, la guardia policial estará allí durante 24 horas, y solamente dos personas tienen autorización para entrar al lugar, confiaron fuentes consultadas.

Allegados al organismo explicaron que hasta ahora, en la delegación hay siete empleados: cinco en Santa Rosa y otros dos en la subdelegación de General Pico.

Ante esto, sólo quedarían unas cuatro personas realizando tareas administrativas, aunque por el momento no tuvieron ninguna comunicación oficial por parte de la intervención del organismo nacional.

A principios de marzo, Guillermo Rechimont, que era el encargado del Enacom en la provincia, fue despedido.

Cierre

Por la decisión de Nación de cerrar todas las delegaciones provinciales, desde ATE temen más de 500 despidos, que podrían sumarse a los más de 300 telegramas que fueron llegando en las últimas horas.

Según la resolución, en el artículo 1º se dispuso "el cierre operativo de las delegaciones provinciales del Ente" a partir del 1º de abril. Se establece "un período de transición de 60 días desde la fecha indicada en el artículo 1º, a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas” por las delegaciones.

Se dispone de "una dotación mínima de agentes que garantice la realización de las tareas de cierre, y que elabore un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones provinciales".

(La Arena)