“Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”, le dijo el mendocino. Poco después llegó la respuesta pampeana. “Aunque para usted sea mezclar temas, cumplan con el fallo de 2020 de la propia Corte Suprema, por el que ordena garantizar el ingreso de agua del río Atuel en forma permanente a nuestra provincia. Hace 6 años lo incumplen”, le contestó Ziliotto.

El viernes pasado, el presidente Javier Milei, por decreto, estableció que el 100 por ciento de las regalías sean cobradas por Mendoza. Todo, pese a que la cuestión se encuentra aún sin resolver por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este lunes, a primera hora, La Pampa presentó en el Juzgado Federal de Santa Rosa una medida cautelar, con el fin de intentar frenar, hasta que se resuelva la Corte, la quita de las regalías.

En rigor, presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para pedir la suspensión inmediata de los efectos de los artículos 3° y 4° del Decreto N° 982/2026, publicado en el Boletín Oficial el 11 de septiembre. La norma dejó sin efecto el régimen vigente desde 1973 y estableció que la totalidad de las regalías generadas por el sistema hidroeléctrico Los Nihuiles sean percibidas por Mendoza.

“Las regalías del río Atuel también son pampeanas. Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial N° 982/2026 que vulneran nuestros derechos”, anunció Ziliotto en redes sociales. “La represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana”, agregó.

Según argumentó el Estado pampeano, el derecho de La Pampa a percibir las regalías no surge únicamente del Decreto N° 1560/73, sino también del convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese acuerdo, las partes asumieron obligaciones respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa. Según el planteo provincial, al tratarse de un convenio celebrado entre distintas jurisdicciones, ninguna de las partes puede modificar de manera unilateral los compromisos asumidos.

El Estado nacional participó de ese convenio como una de las partes y no como una autoridad jerárquicamente superior a las provincias.