Un hombre agrede a una mujer, la violenta, la humilla, la llena de miedo, la persigue y no se cansa de hacerlo. Lo hace porque quiere, porque puede. Ella decide denunciarlo, más de una vez lo denuncia, la última porque un cuchillo está a punto de terminar con su vida.

Un grupo de mujeres militantes feministas, sindicalistas, deciden acompañarla, deciden ir por más.

El hombre es empleado municipal, tiene estabilidad salarial y laboral. Juntas, las mujeres, deciden exigir una respuesta judicial y una respuesta política: buscan una condena por los delitos que cometió y la expulsión de los violentos que trabajan en el Estado. Buscan una reparación integral.

El objetivo: si un varón es condenado por violencia de género debe ser exonerado y en su lugar, el Estado debe ocupar a la mujer que ha sido su víctima.

La razón: reconocer la violencia económica, la exclusión del mercado laboral y, en consecuencia, achicar la brecha de la desigualdad de género, según publicó Radio Kermes.

Lo personal es político y colectivo

Esto, que parece una utopía, es una realidad en la ciudad de Santa Rosa, donde el Municipio se prepara para incorporar a la primera mujer bajo el régimen previsto en la ordenanza 6305.

“Este es un hecho único en el país y muy importante, que es mi ingreso como trabajadora municipal, en el lugar vacante de mi victimario”, dice Valeria Juárez, en una conferencia de prensa acompañada por Roxana Rechimont, Secretaria General de ATE y Vanesa Borgstrand, promotora comunitaria de género de la CCC.

“Es un logro para todas las mujeres víctimas de violencia de género, que se lleva a cabo a través de la lucha en conjunto”, continuó Valeria, que eligió el momento para hacer público el derrotero de sus últimos 7 años.

“Tengo la necesidad de contarles cómo fueron los hechos y cómo llegamos a obtener este resultado, que va a ser un cambio muy grande para mí y para mi familia. Hace siete años que vengo sufriendo distintas amenazas y agresiones de esta persona, que ya tiene condenas, y que se encuentra cumpliendo la última”.

“Es muy difícil contarlo y lo hago como puedo. El último hecho fue en mi domicilio, con arma blanca. Él me apuntó en el cuello intentando terminar con mi vida, por este hecho fue condenado y exonerado del municipio”.

“Antes, durante y después del juicio, él hizo uso de todos los recursos para poder quedar en libertad, y por suerte no se le ha dado lugar. Salvo el juez Balaguer que le dio la libertad para esperar el juicio, porque consideró que no era peligroso. Cuando llegó la condena, él apeló hasta la última instancia, y en cada una quedó firme”.

“Para mí es un hecho único, porque también va a ayudar a otras mujeres que sufren violencia de género. Y es un mensaje para que se animen a luchar e ir acompañadas por mujeres como las que me acompañan a mí, que son las que te ayudan a seguir firme en todo esto”.

Un derecho acompañado

Durante casi siete años Valeria buscó ayuda y atravesó todos los caminos de la ruta crítica. Finalmente, al borde del agotamiento, consiguió ser escuchada.

“También me toca agradecer a todas las personas que me han estado acompañando en todos estos años y que han hecho posible esto. Cuando inicié mi tratamiento y mi lucha para enfrentar todo esto. En la Dirección de Políticas de Género me encontré con Belén González, que hasta el día de hoy está acompañándome; Flavia Pechín que es la psicóloga que me trató y fue testigo en el juicio; a Marcos Sacco, que fue el fiscal de la causa; a Pablo De Biasi que fue querella; a Pampita Romero, que nos dio ese dato muy importante de poder presentarme como querellante. Son un montón de personas las que hicieron esto posible. La Corriente Clasista y Combativa, que es donde yo milito, me ha acompañado en toda esta lucha exigiendo mis derechos; a las promotoras de género de la CCC, que no sólo me han acompañado legalmente, sino también emocionalmente, ante cada hecho, acompañándome. Al departamento de Género y Disidencia de ATE; a Carina Berdasco, ex directora de Género, que se comprometió a mi ingreso cuando no había ordenanza y me asistió en más de una ocasión. A Claudia Giorgis, que presentó este proyecto de ordenanza e hizo un seguimiento haciendo pedidos de informes para ver cómo iba el expediente y a Liliana Robledo, que también me asistió en varias oportunidades, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia”.

“La verdad es que fue un apoyo muy grande el que tuve. Por eso estoy acá sentada, con esta fuerza y este valor que he adquirido a través de toda esta lucha. Ahora sólo queda esperar para ingresar, y tener este cambio que creo, dentro de tantos años malos, es una buena. Creo que me va a cambiar completamente la vida”.

Precedente y futuro

La norma municipal que prevé la exoneración del trabajador condenado por violencia de género, y la ocupación de la vacante por parte de la víctima, fue impulsada por la concejala Claudia Giorgis, y sancionada en febrero de 2020. El 19 de febrero de ese mismo mes, quedó firme la condena a dos años de prisión contra Héctor Fabián Mendoza, por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma contra Valeria Juárez.

La ordenanza n° 6305, trabajada en conjunto con Valeria y las organizaciones que la acompañaron, prevé que la autoridad de aplicación sea la Dirección de Política de Género y Diversidad.

Luego de mucho reclamar, el jueves 24 de septiembre, el Intendente Luciano Di Napoli exoneró al agente municipal, condenado por los hechos de violencia contra Valeria.

“Este es un gran paso que se da para que marque un precedente. Y ojalá surjan más ordenanzas y más derechos. De hecho, en otras provincias vecinas ya se están interesando en armar un proyecto así, como este”, afirma Valeria, que intentó reunirse con el Intendente pero no lo consiguió.

“La vida de una mujer que sufre violencia de género cambia totalmente. Emocionalmente, económicamente. Yo he tenido etapas en las que me he encerrado bajo llave, en la que no dejaba salir a los chicos ni a la vereda, porque tenía miedo. No los llevaba al colegio porque tenía miedo que me pasara algo. No sé, muchas situaciones. Dejé de hacer trabajos que yo hacía. Cuando ocurrió el ultimo hecho yo estaba bien económicamente, me había plantado, hacia un año que no tenía noticias de él, y de golpe cayó de la nada con un cuchillo. Y ahí volví muchos pasos para atrás. Dejé de ir a trabajar, dejé de hacer mi vida”.

“Tener un trabajo, llegar acá, dignifica. Te hace levantarte a la mañana de otra forma”.

Sindicalismo con perspectiva feminista

Hasta no hace mucho tiempo, cualquiera hubiera asegurado que el sindicato está para defender a sus trabajadores y punto. Sin embargo, el feminismo nos ha enseñado que la violencia por razones de género es estructural y transversal a todas las clases sociales. Y nos ha demostrado que la realidad se transforma con compromiso.

La Secretaria General General de ATE La Pampa, Roxana Rechimont, tomó la causa de Valeria como bandera, y representó sus derechos laborales como futura empleada municipal. Algo así como adelantarse, ganarle unos pasos al tiempo.

“Esto dio pie a que se proyectara una ley en la provincia, que se está tratando en la Cámara de Diputados, junto con las diputadas principalmente. Estas militancias son tan desgastantes y te chocás todo el tiempo con la realidad del poder judicial, de las comisarías, de la desigualdad y de la falta de oportunidades para muchas compañeras que no tienen acceso a un trabajo digno. Las compañeras pierden la cuota alimentaria, es un trastorno el hacer el trámite de la Tarjeta Alimentaria para tus hijos o hijas cuando vas a la Anses, por eso esta ordenanza allana las cosas para una mujer”, enfatizó Rechimont.

“Lo que nos parece es que los tiempos se tienen que acelerar en estos casos, que no podemos esperar un año para que una compañera ingrese, para que pueda recuperar su vida. Acá hay cuestiones políticas que se ponen en el medio, que nos parece que se tienen que subsanar, porque seguimos hablando de la vida de una mujer y de sus hijos”.

“Si no hubiésemos tenido este marco legal, dudo de que Valeria pudiera entrar a trabajar. Esta ley que se está tratando en provincia, tiene que regular estas prácticas burocráticas y administrativas. Esperamos que las diputadas que están trabajando en este proyecto tengan en cuenta esta aceleración en los procesos administrativos. Que tengan esa mirada de empatía hacia las personas que tenemos adelante”, cerró la sindicalista.

Por Cintia Alcaraz y Dagna Faidutti /Fotos: Dagna Faidutti.