El juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi,  condenó a  Fernando Rodrigo Prat, de 27 años, como autor material y penalmente responsable de los delitos de “encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por habitualidad, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, y provisión o entrega de arma de fuego, en concurso real”;  a las penas de un año de prisión de efectivo cumplimiento y multa de mil pesos.

Por otra parte, lo absolvió por la presunta comisión de los delitos de “tenencia ilegal de arma de guerra y entrega y comercialización habitual de armas de fuego”, por falta de acusación fiscal.

La sentencia fue dictada a consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado solicitado por la fiscal Verónica Campo, el defensor particular Carlos Alberto Pérez Funes y el imputado.

Los hechos por los que Prat fue condenado consistieron en haber tenido en su poder el día 26 de julio de 2019 en su domicilio una viola sustraída a su dueño el día 14 de mayo de 2017 y una tablet sustraída a otra persona  el día 2 de agosto 2017. Asimismo el imputado reconoció y confesó haber ofrecido para su comercialización una escopeta a una persona a quien se la había dejado para su guarda.

En referencia a éste último delito, 3  las partes solicitaron se dicte la absolución del imputado respecto de los delitos de “tenencia de arma de guerra, entrega y comercialización habitual de armas de fuego”,  ante la falta de acusación fiscal por orfandad probatoria.

En referencia a la tenencia en su poder de la viola y la tablet, el juez agregó que “el imputado conocía el origen delictivo de ambos elementos, y poseía una evidente habitualidad en la comercialización de cosas de procedencia delictiva, con el objeto de procurar un provecho económico para sí, lo que configuran tanto la profesionalización como el ánimo de lucro que exigen las figuras agravadas del encubrimiento. Además, hizo entrega -a una persona no habilitada por la ley- de una escopeta (…) adonde Prat la había dejado para su guarda”.

"Es más que claro que todas estas conductas configuran el delito de encubrimiento agravado -tanto por la habitualidad como por el ánimo de lucro-, el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil -dado que Prat no posee credencial de legítimo usuario de armas de ese tipo, que lo habiliten a dicho fin-, y el de provisión o entrega de arma de fuego a persona que no posee credencial. Todas las figuras concurren materialmente entre sí, al tratarse de hechos independientes reprimidos con la misma especie de pena".

Gilardenghi expresó que “ con la decisión acordada por las partes se garantiza una respuesta judicial rápida y efectiva, dado que aún en el hipotético caso de finalizarse el proceso de un modo ordinario, en un eventual juicio oral y público -y no con la salida alternativa que aquí se presentó-, la sentencia que recaería (…)  sería -potencialmente- similar o idéntica a la acordada por las partes. Todas estas cuestiones, y razones de celeridad y economía procesal para una solución rápida y definitiva de este conflicto, aconsejan el dictado de la sentencia, en este caso, tal como se ha solicitado por las partes”.

Megabanda

El pasado 27 de julio se le impuso a Rodrigo Prat la prisión preventiva por un plazo de 90 días a fin de continuar recabando elementos probatorios que le permitan a la Justicia condenarlo por los hechos cometidos. Dos meses más tarde y apenas dos días de que se sentencie a otro integrante, Diego Tarpin Andrada, se dictó la pena de un año de prisión efectiva más la multa mencionada. 

Según informó la Justicia, Prat, entre otros, conformaron una "megabanda" dedicada al robo de distintos elementos que luego reducían y revendían. Sus límites para el negocio no se limitaban sólo a ello, sino que, además, comercializaban estupefacientes recibiendo en oportunidades objetos de dudosa procedencia.