Sin embargo, Mendoza sigue sin largar agua y los jueces no exigen el cumplimiento. El gobernador Sergio Ziliotto volvió a denunciar que la sentencia sigue sin cumplirse, y advirtió que el incumplimiento profundiza el “ecocidio” en el oeste provincial.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que ya transcurrieron 2.191 días desde la resolución del máximo tribunal, mientras que el corte del escurrimiento natural del río lleva 79 años, desde la construcción del complejo El Nihuil en territorio mendocino.

Ziliotto contrastó el uso del agua en ambas provincias. Afirmó que en Mendoza aumentan los reservorios, se destinan caudales superiores al mínimo fijado por la Corte para bodegas, se realiza sobrerriego para recargar napas y se deriva agua a parcelas sin uso agrícola.

En contrapartida, remarcó que en La Pampa el daño ambiental continúa agravándose: aseguró que 1,5 millones de hectáreas del oeste provincial quedaron desertificadas, desaparecieron los humedales, se destruyó un ecosistema completo, aumentó la salinización de las napas, y cientos de familias debieron abandonar la región por la falta de agua.

“Cada día que pasa sin que el fallo se cumpla, es un día más de daño ambiental que se profundiza”, sostuvo el gobernador, quien insistió en que “el río Atuel también es pampeano”, y aseguró que la provincia no dejará de reclamar el cumplimiento de la sentencia.

El conflicto entre ambas provincias tiene décadas de historia, pero el 16 de julio de 2020, la Corte Suprema fijó un caudal mínimo inicial y permanente de 3,2 m³/s para el ingreso del río Atuel a territorio pampeano. El fallo también dispuso la realización de obras y un sistema de monitoreo para avanzar en la recomposición ambiental del oeste provincial.

Sin embargo, seis años después, Mendoza sigue sin garantizar ese caudal, y La Pampa sostiene que el fallo permanece incumplido. En los últimos años, el Gobierno provincial presentó nuevas medidas ante la Corte, reclamó que sus integrantes recorran el cauce seco del río, e incluso advirtió que la inacción judicial termina favoreciendo la continuidad del daño ambiental.

Para el Gobierno pampeano, el incumplimiento de la sentencia no sólo representa una desobediencia a una resolución judicial, sino la continuidad de un proceso de degradación ambiental, que define directamente como un “ecocidio” sobre el oeste de la provincia.

(DiarioTextual)