Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, universidades y colectivos por los derechos de los niños, niñas y adolescentes se expresaron a favor de la magistrada.

Más de 200 organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, universidades y colectivos por los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) respaldaron la resolución de la jueza Marta Pascual que frenó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de punibilidad en la Provincia de Buenos Aires.

Las organizaciones nucleadas en la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia repudiaron, al mismo tiempo, “las expresiones reaccionarias y ajenas a la democracia y al sistema republicano” por parte de La Libertad Avanza, cuyos legisladores bonaerenses ya amenazan con impulsar el juicio político contra Pascual.

Este miércoles, en tanto, llegó la primera apelación a la resolución.

El respaldo a la jueza se reflejó en un documento difundido este miércoles, en el que se destacan firmas de organismos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. o el Servicio de Paz y Justicia, y de colectivos en defensa de los NNyA como la Red Federal y Plurinacional de Niñeces, Adolescencias y Juventudes, la Red de Organizaciones Nacionales de Niñez y Adolescencia Territoriales o la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires (APIABA).

También se ven firmas de sindicatos o universidades, como la UBA, la Universidad Nacional del Comahue o la Universidad Nacional de Luján.

Las más de 200 firmas que acompañan el documento de la mesa de articulación repudian allí el ataque que viene sufriendo la jueza por parte de referentes libertarios, que amenazan con no acatar el fallo y abrirle juicio político a la magistrada. En el documento, la mesa advierte que “tanto las expresiones de funcionarios públicos como las consabidas expresiones de algunos medios hegemónicos de comunicación, que aportan más desinformación, y las que provienen de las granjas de trolls pagos, son de una lastimosa irresponsabilidad rayana con la apología del delito”.

En diálogo con Página/12, María Elena Naddeo, secretaria general de la APDH y referente de la APIABA, indicó, por su parte, que la jueza “tiene una gran trayectoria y conocimiento de los temas específicos de les adolescentes”. “Las críticas que se le formulan y la amenaza de juicio político por el sector oficialista son de una terrible hipocresía, desconocen la potestad del Poder Judicial y de la división de poderes, cuando el Gobierno de Milei incumple leyes votadas una y otra vez por el Congreso Nacional”, señaló Naddeo, que agregó que “quien merece el juicio político es el presidente, que no cumple con el financiamiento universitario ni con programas elementales de derechos básicos como medicamentos y apoyos para personas con discapacidades”.

El fundamento del repudio a la amenaza de juicio político es simple: ningún juez puede ser enjuiciado políticamente por un fallo que no le agrada al gobierno de turno y que encima respondió a la presentación de un hábeas corpus presentado por una ONG, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo: “Como cualquier medida judicial, la decisión está sujeta a revisión, prueba y a un proceso que puede revertirla, mediante los recursos legales de los que disponen quienes, teniendo legitimidad para ello, consideren que no se actuó con arreglo a derecho”, apunta el comunicado.

Este miércoles, de hecho, se conoció que la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Fiscalía General Departamental de Lomas de Zamora ya apeló la resolución, cuyo trámite seguirá en las instancias judiciales correspondientes.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García dijo a este diario que la resolución de la jueza “aporta un poco de racionalidad a la implementación de un nuevo sistema que fue aprobado sin asidero en la realidad, ni las estadísticas o datos que dan cuenta de este problema”. “La nueva ley no resolverá nada de lo que dice que viene a arreglar y no tiene ningún sentido, excepto apaciguar la voracidad de un punitivismo irracional y voraz, destinado a alimentar las políticas neoliberales que tratan a la pobreza como las causas de la violencia y el delito en nuestra sociedad”, agregó.

Este lunes, Página/12 ya había informado sobre un comunicado emitido por APIABA en el que pedían la suspensión del nuevo régimen a escala nacional no sólo por el rechazo a la baja en la edad de punibilidad, sino porque, denuncian, comenzó a ser aplicado sin garantías presupuestarias ni estructurales para su funcionamiento. Ahora, la mesa volvió a advertir que “esa carencia de recursos recaerá dramáticamente en forma directa sobre los derechos de lxs pibxs, agravando más aún los efectos negativos que de por sí tiene la ley en cuestión”. Sobre el fallo de Pascual señalaron, así, que “no exige mayor prueba entender que si no hay presupuesto, recursos materiales y técnicos para implementar una ley, la misma se torna inviable”.

Naddeo agregó sobre esto que “la suspensión solicitada por la jueza tiene absoluto criterio de realidad, ya hemos dicho que esta ley no sirve y que en muchos territorios no están las condiciones dadas para su aplicación”. “Tenemos que profundizar el debate y brindar a la franja más vulnerable de la población algo más que palos y cárcel”, agregó la expresidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad. Desde APIABA también emitieron un nuevo comunicado sobre la cuestión, respaldando a la jueza y exigiendo “evitar todo tipo de avasallamiento contra su persona y la propia Justicia”.

Para García, por su parte, la ley en general “debería ser declarada inconstitucional”: “Va en contra de la Constitución nacional, la Convención de Derechos del Niño y otros pactos incorporados a ella. El fallo de la jueza Pascual aporta una lectura necesaria aunque se queda corta: no hay fondos para garantizar la aplicación de la ley y por tanto la aplicación de sus nuevos institutos anunciados para la reeducación serán una ficción”, sostuvo y agregó que “está reforma solo empeorará el estado actual de las niñeces más vulneradas y esto claramente nos hará una sociedad peor, más inhumana y desigual”.

(Página12)