El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, en el marco de las políticas públicas de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, expresó su repudio, preocupación y desacuerdo frente a las narrativas que sostienen la supuesta “masividad de falsas denuncias”.

En igual sentido, el rechazo ante los proyectos de ley que promueven el agravamiento de penas en torno a esta figura, en el campo de las violencias de género y los delitos contra la integridad sexual -en particular-, aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

“Este Proyecto de Ley (que avanza en el Senado de la Nación) es congruente con una serie de políticas regresivas llevadas adelante por el Gobierno nacional, con la finalidad de profundizar el recorte de derechos, y deben comprenderse en el marco de un deterioro sostenido de las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia, y el debilitamiento de los dispositivos institucionales encargados de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”, señalaron desde el Ministerio.

“Advertimos que la circulación de estos discursos, carentes de sustento en la evidencia disponible, puede derivar en efectos adversos y regresivos para la protección de derechos. La instalación de la idea de una supuesta generalización de denuncias falsas no sólo debilita la confianza en quienes denuncian, sino que además configura un escenario que puede desalentar la búsqueda de ayuda, y obstaculizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Lejos de fortalecer las respuestas institucionales, estos enfoques contribuyen a profundizar el silencio, el temor y el aislamiento de las víctimas”, agrega.

Para La Pampa “resulta imprescindible recordar que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes constituye una grave vulneración de derechos, que se produce en contextos de asimetría de poder, frecuentemente en ámbitos intrafamiliares y en entornos de confianza. La evidencia disponible muestra que la gran mayoría de los agresores pertenecen al círculo cercano de las víctimas, lo que complejiza los procesos de denuncia, y exige respuestas institucionales especialmente cuidadosas, sostenidas y especializadas”.

Del mismo modo, se alertó sobre el impacto que la judicialización y el cuestionamiento hacia profesionales que intervienen en estos casos puede generar. “La deslegitimación de equipos técnicos y de salud mental no sólo afecta el ejercicio profesional, sino que debilita dispositivos fundamentales para la escucha, la detección y la protección de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, expresamos nuestra preocupación por el impacto que este tipo de iniciativas puede tener en: la disposición de las víctimas a denunciar, el accionar de los equipos técnicos y profesionales, la construcción de entornos de confianza y escucha” se sostiene.

A modo de conclusión, el Ministerio reafirmó el compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen:

• La protección integral de niños, niñas y adolescentes.

• El acceso efectivo a la justicia y a organismos estatales.

• La capacitación permanente de los equipos intervinientes.

• El acompañamiento respetuoso, especializado y libre de violencias institucionales.

“Por todo lo expuesto, este Ministerio no comparte ni acompaña este tipo de iniciativas, y sostiene la necesidad de profundizar estrategias orientadas a la prevención, detección temprana y abordaje integral de las violencias. Proteger a las infancias no es sólo intervenir cuando el daño ya ocurrió: es también garantizar condiciones sociales, institucionales y culturales para que puedan ser escuchadas, creídas y acompañadas, sin temor ni obstáculos”, concluye el escrito.