La resolución sostiene que la iniciativa legislativa implica un debilitamiento de una herramienta normativa orientada a la protección preventiva de bienes ambientales estratégicos, que podría afectar la coordinación federal necesaria para preservar recursos hídricos, humedales, glaciares, bosques nativos y corredores biológicos compartidos entre distintas jurisdicciones.

En sus fundamentos, el organismo remarcó que la tierra rural “no constituye un mero bien del tráfico comercial inmobiliario”, sino la base física sobre la que se sostienen los ecosistemas, la biodiversidad, la producción primaria, las cuencas hídricas y el desarrollo socioeconómico sostenible del país.

También citó el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y el principio de No Regresión Ambiental derivado de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Con esta resolución, COFEMA fijó posición de cara al tratamiento del proyecto en el Congreso, remarcando que es su función expedirse de manera preventiva ante toda iniciativa legislativa con potencialidad de alterar la gobernanza ambiental, la distribución de competencias entre Nación y provincias, o la integridad del patrimonio natural del país.

(APN)