Alfonso, está imputado del delito de “Amenazas agravadas por el uso de arma y homicidio doblemente agravado en grado de tentativa”, figuras que prevén una pena mínima de diez años de prisión.

El vecino quemuense está acusado de apuntar y gatillar un revólver calibre 38 largo al jefe policial Julio Martínez.

La audiencia estuvo presidida por la jueza Jimena Cardoso, con la participación del fiscal Guillermo Komarofky y el defensor Walter Vaccaro.

Según relató Komarofky, los hechos se produjeron el 20 de enero, cerca de las 22 horas, en el domicilio de Alfonso, en Azcuénaga 217. La discusión con su hija, Sandra Soledad Alfonso, derivó en un forcejeo que también involucró a su hijo Jorge.

Ante la situación, la joven y su novio se dirigieron a la comisaría local para denunciar el caso ante la policía.

Al llegar al domicilio, los policías golpearon la puerta intentando dialogar. Komarofky detalló que Alfonso tomó de la mano al subcomisario Julio Martínez para hacerlo ingresar a la vivienda mientras llevaba la otra mano a la cintura, apuntando con un revólver calibre 38 largo al torso y la cabeza del efectivo.

El arma estaba percutada, pero no llegó a dispararse. El subinspector Nicolás Guzmán disparó postas de goma, logrando reducir al imputado y evitar un desenlace fatal.

Alfonso enfrenta cargos por amenazas agravadas con arma de fuego, homicidio doblemente agravado en grado de tentativa contra un miembro de la fuerza policial, y tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil.

El fiscal solicitó que la detención se transforme en prisión preventiva por seis meses, alegando riesgo procesal y extrema peligrosidad del imputado, además de un examen psiquiátrico obligatorio.

La defensa

El defensor Walter Vaccaro reconoció la tensión de la situación, pero relativizó la peligrosidad del imputado.

“Tuvieron la suerte, entre comillas, Martínez y el otro policía, que no salga la bala, pero lo cierto es que hay que ver si el arma funciona o no funciona. Esto permitiría a mi defendido disminuir la pena en distintas condiciones”, dijo el defensor oficial.

Vaccaro también señaló que no objetaba las pruebas provisionales presentadas por la fiscalía y pidió morigerar la medida cautelar.

“Si bien puede existir un peligro de fuga, eso no alcanza. Con los testigos y la evidencia científica se puede morigerar a través de un arresto domiciliario conforme al artículo 2 del inciso 1º del Código Procesal Penal, por 90 días, el mínimo de investigación fiscal preparatoria que tenemos”.

La defensa solicitó que, durante ese tiempo, se mantenga la prohibición de contacto con las víctimas y testigos, buscando equilibrar la investigación y los derechos del imputado.