Ante la inacción del gobierno libertario, ambientalistas y excombatientes denunciaron en la Justicia Federal de Tierra del Fuego el megaproyecto petrolero offshore Sea Lion, que lleva adelante de manera ilegal un consorcio conformado por una empresa británica, una israelí y una canadiense.

La presentación se da en la antesala de una cadena nacional por los dichos del presidente norteamericano Donald Trump, que el Gobierno toma como un giro en “la causa más importante y sagrada de los argentinos”. La acción exige la suspensión de las obras y el financiamiento del desarrollo petrolero en la Cuenca Malvinas Norte.

En 2015, el gobierno de Cristina Kirchner promovió una denuncia penal que aún tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. En dicho expediente se dictaron embargos millonarios y órdenes de secuestro de buques contra las compañías internacionales que operaban sin autorización del Estado argentino en la plataforma continental. En 2021, bajo el gobierno de Alberto Fernández, se inició un proceso de sanciones a las empresas que incluyó a la israelí Navitas Petroleum.

“Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada de los argentinos”, dijo Javier Milei horas después de que se conociera una vaga declaración de Donald Trump, en la que respondió de manera liviana sobre la causa Malvinas. Una declaración superficial de la que el Gobierno se agarró para usar el tema políticamente, después de casi tres años de desmalvinización.

Así, el Gobierno pasó de ignorar el tema a recuperar la palabra “soberanía”, aún cuando se trata de la misma administración que intentó vender sin límites el territorio nacional a capitales extranjeros, y casi no repudió lo que será el mayor proyecto petrolero offshore del Atlántico Sur, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. A la Cancillería le llevó dos años y medio emitir un comunicado para rechazar el avance petrolero británico en Malvinas.

Ante la falta de reacción oficial, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), realizaron una denuncia ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Se trata de una “acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva”, que invoca el artículo 1711 del Código Civil y Comercial. El escrito reclama una medida cautelar urgente para frenar las obras, perforaciones y movimientos sobre el lecho marino, pero también busca cortar el circuito financiero que hace posible el megaproyecto.

“Esto es petróleo de los argentinos. Estamos perdiendo una enorme posibilidad de desarrollo”, advirtió Jerónimo Guerrero Iraola, uno de los abogados de la presentación, quien apuntó además contra Javier Milei: “Estamos ante un gobierno que está ejecutando un plan de entrega de soberanía”, dijo, y agregó: “Cada vez que utiliza Malvinas este gobierno, es porque le está yendo mal en las encuestas”.

La presentación advierte además sobre las consecuencias de la falta de reacción del Estado argentino frente al avance británico. “En el derecho internacional los silencios producen efectos”, señala la denuncia, y alerta que “la inacción sostenida de un Estado frente a los actos de otro, puede debilitar su propia posición jurídica”. En ese sentido, cuestiona las autorizaciones concedidas por las autoridades británicas en las islas, y sostiene que esos permisos son inoponibles a la Argentina, y no pueden reemplazar las evaluaciones y autorizaciones ambientales exigidas por las leyes nacionales.

El reclamo permanente por la soberanía de las islas excede el plano simbólico. El gobierno libertario casi no se ha expresado sobre lo que será el mayor proyecto petrolero offshore del Atlántico Sur. Se prevé que la producción comience en marzo de 2028, y alcance un pico de 50.000 barriles diarios hacia 2032. Sin embargo, hay antecedentes recientes en los que el Estado tuvo una participación activa.

“En 2015 hicimos la denuncia, yo era secretario de Malvinas, junto con Timerman”, recordó a Página/12 Daniel Filmus. La presentación impulsada durante el último gobierno de Cristina Kirchner avanzó en la Justicia Federal de Río Grande, donde “se pidió el embargo y se pidió también el informe sobre los directivos de las empresas” que exploraban hidrocarburos sin autorización argentina.

La denuncia fue posible a partir de una modificación legal que convirtió en delito penal la explotación de hidrocarburos en territorio argentino sin autorización del Estado. “La ley ni siquiera menciona Malvinas porque para nosotros, por Constitución, Malvinas está en la Argentina”, explicó Filmus. Navitas todavía no participaba del negocio.

El segundo capítulo llegó durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Navitas se incorporó al negocio y aportó el capital necesario para reactivar Sea Lion. “Navitas es la que posibilita la incorporación de capitales para la explotación, se incorpora más tarde, durante la pandemia, y ahí es que nosotros denunciamos particularmente a Navitas”, explicó Filmus.

En 2020, el Gobierno le envió a la compañía israelí una nota de desaliento para advertirle que operaba sobre territorio argentino sin autorización, y exigirle que se abstuviera de financiar o participar del proyecto. Un año después, las secretarías de Energía y de Malvinas avanzaron con un proceso de sanciones contra Navitas, Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy por sus actividades en la Cuenca Malvinas Norte.

En diálogo con este diario, Filmus también se refirió a las recientes declaraciones de Donald Trump. Para el exsecretario de Malvinas, “lo que estamos viendo es una especie de extorsión de Estados Unidos a Reino Unido, donde el tema Malvinas deja de ser un tema específicamente de la soberanía argentina, para ser parte de intereses de otro tipo a escala global”.

(P12)