Ziliotto promulgó la ley con el fin de evitar las estafas y proteger a los consumidores de bienes y servicios.

La ley 3561 había sido sancionada el pasado 19 de octubre en la Legislatura provincial.

La iniciativa había sido impulsada por los bloques de diputados del Frejupa, UCR y Propuesta Federal.

Desde su promulgación y publicación en el Boletín Oficial, se prohíbe a los proveedores de servicios o comercios, requerir la entrega de tarjetas de débito o crédito a los titulares o adicionales para realizar operaciones.

Las tarjetas deben ser manipuladas únicamente por los titulares o usuarios a cuyo nombre se han emitido.

El postnet o dispositivo de cobro deberá estar ubicado en un lugar visible, que permita su fácil y cómoda utilización de parte del titular de la tarjeta.

El proveedor o comercio adherido al sistema de tarjetas de débito o crédito deberá acondicionar, en el plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la ley, sus dispositivos de cobro electrónico.

Para realizar una operación comercial, los proveedores de servicios o comercios deberán requerirle al titular que exhiba las tarjetas de modo que puedan verlas adecuadamente, para constatar que los datos y la firma contenidos en ellas coincidan con los del documento nacional de identidad de quien las porta.

La autoridad de aplicación de la ley es la Dirección General de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

La autoridad de aplicación deberá instrumentar una campaña de concientización y capacitación respecto del uso de tarjetas.