Según se acreditó en el juicio, compraban cientos de cabezas de ganado y contrataban fletes, pero pagaban con cheques diferidos sin fondos, que luego eran rechazados. Para el juez, los acusados actuaron con conocimiento de que no podrían afrontar los pagos y montaron una maniobra para obtener animales y servicios sin abonarlos.

El juez de audiencia de juicio de General Pico, Federico Pellegrino, condenó al padre, de 70 años, a tres años de prisión de efectivo cumplimiento, mientras que al hijo, de 46 años, le impuso una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva.

El debate oral se desarrolló los días 27 y 28 de abril con la intervención del fiscal general Armando Agüero, los defensores particulares Michel Divoy y Jerónimo Altamirano, y el querellante particular Guillermo Galcerán.

Los imputados fueron hallados responsables de haber desapoderado de dinero, ganado vacuno y servicios de transporte mediante engaños, abuso de confianza y simulación de solvencia económica.

Maniobras con hacienda y transportes

De acuerdo con la investigación, ambos eran titulares y administradores de la firma Panema S.A., radicada en Justiniano Posse, provincia de Córdoba.

Según la sentencia, adquirieron ganado vacuno en distintas ferias y contrataron transportes hacia campos de su propiedad, entregando como pago cheques electrónicos y físicos de pago diferido, que luego fueron rechazados por falta de fondos.

En uno de los casos, compraron 195 cabezas de ganado en remates realizados el 15 de enero y el 5 de marzo de 2021. El perjuicio económico ascendió a 5.773.818 pesos.

A otra firma ganadera le adquirieron 475 animales en operaciones realizadas entre enero y marzo de 2021. También abonaron con cheques sin fondos. El daño económico fue calculado en 10.511.978 pesos.

Además, contrataron viajes para traslado de hacienda y cereales hacia Córdoba. Una de las empresas transportistas sufrió un perjuicio de 705.571 pesos, mientras que otra nunca cobró un traslado valuado en 73.931 pesos.

El magistrado consideró probado que los acusados ya atravesaban una grave situación financiera al momento de concretar las operaciones, pero aún así, continuaron comprando y contratando servicios.

Dificultades económicas

Durante los alegatos, el fiscal sostuvo que la empresa atravesaba fuertes dificultades económicas y que, pese a ello, los imputados “siguieron comprando a sabiendas de que no iban a pagar”.

Agüero afirmó que tenían más de 1.000 cheques rechazados, correspondientes a unas 40 chequeras, y que jamás intentaron reparar el daño ocasionado a los damnificados.

El representante del Ministerio Público dijo además que los acusados hicieron desaparecer los animales, y luego avanzaron hacia un concurso preventivo. Según expuso, la maniobra provocó un perjuicio actualizado cercano a los 932 millones de pesos, sin contar impuestos y otros costos afrontados por las víctimas.

El querellante particular adhirió a esa postura y afirmó que los acusados “vinieron a comprar plata”, porque adquirían hacienda, no la pagaban y posteriormente la revendían.

La defensa, en tanto, solicitó la absolución de ambos imputados.

Preparar la quiebra

En la sentencia, Pellegrino sostuvo que la empresa “se preparó para su quiebra”, y que compró hacienda aun sabiendo que no podría afrontar los pagos al vencimiento de los cheques.

El magistrado afirmó además que hubo un “vaciamiento patrimonial” destinado a impedir el cobro de los acreedores.

Sobre el padre, valoró como atenuantes la edad avanzada y la falta de antecedentes penales. Sin embargo, consideró agravantes la magnitud del daño económico, la reiteración de hechos, y la utilización sistemática de cheques cuya incobrabilidad “resultaba previsible desde su origen”.

También remarcó que, por su extensa trayectoria en el ámbito agropecuario, conocía perfectamente las consecuencias de las operaciones.

Respecto del hijo, el juez sostuvo que tuvo un rol “preponderante” en las maniobras, porque era quien encabezaba las operaciones comerciales y emitía los cheques.

“Existió un mayor dominio funcional del hecho y un protagonismo decisivo en la concreción de la maniobra”, señaló Pellegrino al justificar la pena más elevada.

Finalmente, el juez concluyó que la gravedad de los hechos y la magnitud del perjuicio impedían aplicar condenas de ejecución condicional, por lo que ambos deberán cumplir prisión efectiva.