Joaquín Mogaburu quiere quedarse en la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) pese a que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo corrió del cargo.

El abogado -que se entusiasma con los mensajes de “concordia política y perdón”- ya hizo saber que preferiría aceptar un puesto menor antes de volver a los tribunales de Comodoro Py, donde ejerce como secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, que actualmente juzga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los “cuadernos”.

El viernes pasado todo era incredulidad cuando Página/12 publicó que Mahiques había decidido cambiar al titular de la SDH. Si bien la búsqueda de un reemplazo llevaba varias semanas, la decisión se oficializó horas después de las marchas multitudinarias por los 50 años del último golpe de Estado.

Mogaburu decía a quien quisiera escucharlo, que tenía asegurada su permanencia. Sin embargo, ese viernes debió convocar a su gabinete para anunciar que había que levantar campamento. La decisión de Mahiques es que al lugar lo ocupe Leonardo Szuchet, quien había sido jefe de gabinete de Claudio Avruj durante la gestión de Mauricio Macri.

Mahiques y Szuchet formaron parte del equipo del Ministerio de Justicia que conducía Germán Garavano. Forjaron una buena relación, sobre todo cuando les tocó interactuar en temas vinculados al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que estaban bajo la órbita de Mahiques. Está claro que Szuchet no fue su primera opción, sino una alternativa posible. La SDH no es un espacio particularmente atractivo con un gobierno negacionista.

Las versiones indican que Szuchet y Mogaburu hablaron. Después de esa charla, Szuchet lo propuso como director nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos. Es el cargo que ocupa desde fines de octubre Alfredo Mauricio Vitolo, quien también se anotó para continuar, al enterarse de que Szuchet sería el nuevo subsecretario.

El miércoles, antes de los feriados de Semana Santa, Mogaburu pasó por la oficina de Jurídicos, y dijo que se haría cargo del área a partir del lunes. En Justicia no dan por confirmado el desplazamiento.

La decisión de Mogaburu de permanecer en un cargo menor levanta sospechas, sobre todo porque en Comodoro Py lo espera un puesto con una remuneración muy superior. El sueldo de un director nacional en la SDH no llega a los tres millones de pesos, cifra que Mogaburu podría duplicar si se reintegra al TOF 7.

Mogaburu tuvo que pedir licencia sin goce de sueldo para asumir como subsecretario de Derechos Humanos. Para ello, debió obtener la aprobación de la Corte Suprema.

Adscripto

Inicialmente, había intentado irse con una “adscripción”, lo que implica llevarse el cargo y el sueldo que paga el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Son situaciones que no suelen autorizarse para cargos políticos como una subsecretaría de Estado.

Mogaburu tuvo un paso previo por el gobierno de Javier Milei. Entre mayo y noviembre del año pasado, ocupó el cargo de director nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Para ejercer esa función también tuvo que solicitar autorización a la Corte Suprema, que le concedió licencia sin goce de sueldo.

“Mogaburu lo que tiene es una autorización para ser subsecretario. Si quiere ser director de Jurídicos, tiene que pedir otra nueva, porque el cargo, en jerarquía y funciones, es distinto. En tal caso, la Corte tendrá que otorgarle una tercera licencia”, explicaron en Tribunales.

“Nada”

Página/12 consultó si había llegado a la Cámara Federal de Casación Penal algún pedido de Mogaburu, dado que trascendió que la semana próxima iba a asumir otra tarea. La respuesta fue tajante: “Nada”.

Mogaburu desembarcó como funcionario de Defensa después de una crisis de Luis Petri con el sector más duro de la familia militar. El conflicto tuvo lugar después de que el entonces ministro firmó la baja de 23 integrantes del Ejército con condenas firmes por crímenes de lesa humanidad. Cecilia Pando le clavó un puñal a Petri: dijo que esperaba una medida así de un funcionario kirchnerista, pero no de él.

Desde Defensa justificaron la decisión aludiendo a un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), pero a los pocos días despidieron a Lucas Miles Erbes, que estaba a cargo de la dirección nacional de Derechos Humanos. Al poco tiempo, llegó Mogaburu.

Peregrinaje por liceos militares

Durante su gestión en Defensa, Mogaburu no tuvo demasiados hitos para mostrar. Lo más relevante fue su peregrinaje por liceos militares con seminarios de “verdad completa”. Eran charlas que daba junto con Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, hijos de militares secuestrados por la guerrilla durante los años ’70, y luego muertos. Larrabure fue uno de los protagonistas del video que distribuyó el gobierno el último 24 de marzo. Allí se lo escucha llamar a la “reconciliación” de los argentinos, un eufemismo al que suelen recurrir sectores militares para referirse a la no rendición de cuentas.

Cuando Página/12 pidió información sobre los contenidos de los seminarios, Mogaburu respondió escuetamente que dejaban un mensaje de “concordia política y perdón que emociona a los interlocutores y es digno de destacar”.

Nada dijo de que Larrabure e Ibarzábal, por ejemplo, se habían manifestado a favor de que los represores salieran de las cárceles.

Mogaburu tenía expectativas de permanecer como subsecretario de Derechos Humanos. Algunos adjudican esa confianza a que, en las últimas semanas, volvió a la ex ESMA Siro de Martini, quien también fue asesor durante el macrismo, y a quien se le atribuyen gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibiera a familiares y defensores de represores. Mogaburu y De Martini comparten la Clínica Jurídica en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Opus Dei

Mogaburu estudió Derecho e Historia en esa casa de estudios. Tiene formación de posgrado en la American University y en la Universidad de Navarra, históricamente ligada al Opus Dei. Es, además, un activo militante contra el aborto.

Durante su breve paso por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Mogaburu había elegido a Bryan Mayer como jefe de gabinete. Mayer no llegó a asumir. Se irá de la ex ESMA, según indican, porque había renunciado el 1 de marzo a su cargo como director de Relaciones Institucionales del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Mayer acumuló rechazos por varios motivos: se presentaba como vocero oficioso de las Fuerzas Armadas, calificó como “pro terrorista” la película Argentina, 1985 -que retrata la labor de la fiscalía en el Juicio a las Juntas- y tiene posteos celebratorios del último golpe de Estado. Como contó este medio, relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habían expresado su preocupación por su nombramiento.

Mayer fue también uno de los promotores de las reformas en el Museo Sitio ESMA que buscaban justificar el accionar de los militares en la represión. Los cambios, que fueron objetados por los organismos de derechos humanos, quedaron en suspenso tras el recambio en el Ministerio de Justicia.