Este jueves 20 de agosto, desde las 14, organizaciones sociales y sindicales marcharán al Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250, para reclamar una respuesta ante el crecimiento del endeudamiento y la morosidad que afecta a millones de familias argentinas.

La denominada Marcha de los Endeudados tendrá como telón de fondo el fuerte incremento de los atrasos en préstamos, tarjetas y créditos utilizados, en muchos casos, para financiar gastos básicos, y la negativa del gobierno de Javier Milei a intervenir en el problema.

La convocatoria cuenta con la participación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, y se concentrará en Paseo Colón y Estados Unidos y en la zona de las avenidas Independencia y Paseo Colón, para luego avanzar hacia el Palacio de Hacienda.

“Ya es necesario instalar la demanda en las calles”, sostuvo Oriana Fernández, integrante de Endeudados Organizados. La referente señaló que el problema adquirió características diferentes durante los últimos años, por el nivel alcanzado por las tasas. “Deudas ha habido siempre, pero ahora está la tasa de interés desregulada. Hoy hay tasas de hasta 1.300 por ciento. Personas nos cuentan que sus deudas se han duplicado o más, cuando no pudieron pagar”, explicó.

Desde la UTEP advirtieron que la falta de crédito accesible está empujando especialmente a los sectores de menores ingresos hacia mecanismos de financiamiento cada vez más costosos. “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida”, planteó la organización en la convocatoria.

La protesta se produce mientras los indicadores de morosidad muestran un fuerte deterioro. Según los datos difundidos del Banco Central (BCRA), el incumplimiento en préstamos de los hogares alcanzó el 12,7 por ciento en junio de 2026, frente al 2,5 registrado en octubre de 2024. Alrededor de 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días, un incremento del 132 por ciento desde febrero de 2024.

“Cuando le preguntás a una persona qué debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”, explicó Hernán Letcher, director del CEPA.

La discusión escaló políticamente después de que Milei rechazara cualquier posibilidad de asistencia estatal. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”, afirmó el Presidente durante una entrevista televisiva a comienzos de agosto.

Un día después volvió sobre el tema, y sostuvo: es “una transacción entre privados” que debe resolverse según las partes. El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañó esa posición, al señalar que el endeudamiento constituye “un tema entre privados”. Desde el Gobierno también descartaron la posibilidad de implementar algún mecanismo extraordinario de asistencia para quienes se encuentran en mora.

La respuesta de la oposición llegó tanto desde las provincias como desde el Congreso. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, vinculó directamente el crecimiento del endeudamiento con el deterioro de los ingresos. “La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”, sostuvo, al presentar un informe provincial que mostró que la mora bancaria de las familias se multiplicó durante los últimos 2 años.

En el Congreso existen cerca de 30 iniciativas vinculadas con el problema. Entre ellas, aparece un proyecto de los diputados Diego Giuliano y Caren Tepp, para crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante créditos de ANSES. El proyecto contempla préstamos de hasta 1,5 millones de pesos, y establece que las cuotas no puedan superar el 30 por ciento del ingreso neto del beneficiario.

Otros proponen quitas de al menos el 40 por ciento de los intereses moratorios y punitorios, refinanciaciones de hasta 60 meses, y tasas preferenciales. También la creación de un registro específico para identificar a personas y hogares que hayan contraído obligaciones sobre alimentación, vivienda, salud, educación y servicios públicos.

La movilización buscará trasladar esa discusión desde los informes de morosidad y los proyectos parlamentarios hacia la calle. Para quienes convocan, el aumento simultáneo de las deudas, los atrasos y el costo financiero dejó de constituir una suma de problemas individuales, para convertirse en una cuestión social. Frente a un Gobierno que sostiene que cada deudor debe resolver su situación con sus acreedores, las centrales sindicales y los movimientos sociales hacen oír su voz.

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