Allí solicitó la intervención de las autoridades del Superior Tribunal de Justicia ante la “grave situación laboral e institucional” que atraviesan las defensorías civiles de la provincia.

La nota, dirigida a la secretaria de Recursos Humanos del Superior Tribunal de Justicia, María Carolina Solera, lleva la firma de la secretaria general del sindicato, Susana Funes, y expresa la preocupación gremial por el “deterioro de las condiciones de trabajo, la sobrecarga de tareas, las deficiencias edilicias y la distribución de los espacios laborales” en las defensorías.

Desde Sitraj advirtieron que estas circunstancias generan un creciente riesgo para la salud física y psicológica del personal, por lo que solicitaron la realización de evaluaciones psicológicas a todas las trabajadoras y todos los trabajadores del área, a través del organismo judicial correspondiente.

Asimismo, el sindicato remarcó que el Poder Judicial, en su carácter de empleador, tiene la obligación de garantizar la salud y la integridad de su personal, adoptando las medidas necesarias para prevenir y atender las consecuencias de las actuales condiciones laborales.