El caso HLB Pharma estalló a mediados de mayo, cuando hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires reportaron una seguidilla de infecciones graves, vinculadas al lote 31202 de fentanilo inyectable.
El hallazgo de las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae en las ampollas derivó en la muerte de al menos 52 pacientes, y obligó a la ANMAT a dictar la Disposición 3156/2025, que ordenó el retiro inmediato de ese lote, seguida de la Disposición 3158/2025, que prohibió el uso y la comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma Group S.A.
La investigación penal, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, se centra en la presunta adulteración de medicación crítica, la posible desaparición de opioides, y el incumplimiento sistemático de las Buenas Prácticas de Fabricación, tanto en la planta de San Isidro como en la de Ramallo.
Falta de trazabilidad
Los informes de la ANMAT describen falta de trazabilidad, certificaciones apócrifas y registros destruidos o incompletos, mientras testigos afirman que directivos enviaron camiones a retirar mercadería antes de los allanamientos.
Los cuadernos de HLB Pharma
Noticias Argentinas accedió a una serie de fotos que muestran, en primer plano, las anotaciones manuales y registros impresos que el personal del laboratorio llevaba sobre cada lote analizado. Esto es lo que se observa sin salir del papel ni de las pantallas:
Hojas cuadriculadas y rayadas con cálculos en tinta azul y violeta: volúmenes, porcentajes y razones de concentración. Ejemplos visibles: Fórmulas de dilución (“V1 x C1 = V2 x C2”) y porcentajes de cloruros (“28,4023 mg Cl–“ / “promedio 97,3%”). Cálculos de pureza de ibuprofeno y lidocaína; en un margen se lee la palabra “cumple”.
Planillas preimpresas tipo bitácora, con casilleros diarios para anotar punto de agua, conductividad, pH y temperatura. Las celdas de varios días aparecen aún en blanco; otras tienen números a lápiz o birome (“200 / 201 / 123”).
Tiras de impresiones de balanza pegadas con adhesivo en los cuadernos: Etiquetas de la marca Sartorius, fecha y hora (“31-Jan-2023 11:45”), peso (por ejemplo: “26,1289 g”). Flechas manuscritas que vinculan cada ticket con un valor calculado al margen.
Gráficos espectrales y cromatográficos impresos en hojas A4: Sobre un cromatograma digital se distingue un pico azul a los 5 min y un pico rojo de referencia. Un espectro IR compara “STD IBUPROFENO ANMAT 114018” con “IBUPROFENO 101505”; abajo figuran factores de correlación “0,9942 / 0,9825”.
Pantallas de PC abiertas en Excel con encabezados “LABORATORIO ANALÍTICO HLB Pharma” y tablas que listan número de muestra, ensayos y resultados.
Carpetas de plástico con hojas sueltas: curvas de calibración, tablas de parámetros LC (flujo 1 ml/min, 129 bar, 25 °C) y fichas de “Materiales Primas / Estándares”.
Sin extrapolar ni aventurar conclusiones, las imágenes revelan un sistema de registro mixto -manual, impreso y electrónico- donde se documentan pesos, ensayos de pureza, controles de agua y salidas de equipos analíticos para cada lote procesado.
Siniestra conexión
Ariel García Furfaro, el dueño de HLB Pharma posó con Horacio Cartés y obtuvo aval político para su planta en Ciudad del Este. Aduana y Procunar ya rastrean sus nexos financieros.
La instalación del nuevo laboratorio de HLB Pharma-Ramallo en Ciudad del Este, se apoyó en la estrecha relación entre Ariel García Furfaro y el expresidente paraguayo Horacio Cartés, incluido por el Tesoro de EE.UU. en la Global Magnitsky Act por corrupción y lavado de dinero.
La información surge de una investigación de Camila Dolabjian y Diego Cabot, publicada en La Nación, que detalla cómo el emprendimiento se erigió en el “Complejo Empresarial Global”, sobre la ruta PY02, km 331,5, pleno corazón de la Triple Frontera.
Según supo Noticias Argentinas, la investigación documenta que Ariel García Furfaro se fotografió con Cartés el 24 de noviembre de 2023 en Asunción, cuando ya estaba avanzada la planta que HLB levantaba.
Cómo se montó la fábrica
Licencias SIRA: HLB importó maquinaria china por US$ 4,5 millones a dólar oficial durante la gestión de Alberto Fernández; Aduana denunció sobrefacturación, y el caso lo instruye el juez penal económico Pablo Yadarola.
Destino encubierto: los equipos nunca se asentaron en Argentina; se despacharon directo a Paraguay para la nueva planta de biológicos, capaz de sintetizar opioides.
Viajes y socios
Migraciones registra 11 cruces a Paraguay de Ariel y Damián García Furfaro entre 2023-2025.
Coincidieron con el español Ignacio Méndez Azarraga Pérez (Axiom Ingeniería, deudor fiscal por €1,84 millones) y con el guatemalteco Mario Emilio Ochoa Arango, representante regional de las máquinas.
Denuncias previas
Procunar recibió en 2024 una denuncia anónima por venta de droga en las plantas bonaerenses de HLB; el legajo fue anexado a la causa que lleva el juez federal Ernesto Kreplak.
En 2023, Aduana acusó al grupo de inflar importaciones de medicamentos por US$ 556 000 para girar divisas al exterior.
Perfil de Cartés
Cartés -investigado en el caso Lava Jato y catalogado por EE. UU. como “significativamente corrupto”- controla un conglomerado tabacalero, bancos y medios. Su influencia en Alto Paraná facilitó a los García Furfaro permisos y financiamiento para la planta, ahora en pausa, tras la tragedia del fentanilo.
Preguntas abiertas
¿Qué contrapartidas obtuvo el entorno Cartés por el respaldo al proyecto?
¿Se usaron cuentas ligadas al ex‐presidente para transferir fondos de la sobrefacturación?
¿La planta paraguaya participó del lote de fentanilo adulterado que llegó a Argentina?
La justicia argentina y paraguaya rastrean flujos de dinero y movimientos de precursores químicos, para determinar si la conexión con Cartés fue clave en la expansión internacional de HLB Pharma y en la cadena que terminó con el mayor episodio letal de opioides en el país.
Sobrefacturación del 907%
El 10 de marzo de 2023, el Juzgado Penal Económico N.º 2 dispuso allanamientos simultáneos en dos sedes de un reconocido laboratorio, a instancias de la denuncia presentada por la Aduana, que encabezaba Guillermo Michel.
La pesquisa señala que la empresa utilizó el régimen SIRA para importar cinco máquinas desde China: las declaró por US$ 5.040.000, cuando el despacho original marcaba tan solo US$ 555.920. El diferencial -unos US$ 4,5 millones- terminó en una cuenta bancaria panameña, lo que configura una sobrefacturación del 907%, y expone a la firma a sanciones cercanas a US$ 22,6 millones.
Los investigadores creen que una sociedad intermediaria radicada en Panamá se limitó a refacturar la operación sin aportar ningún servicio real, práctica que suele usarse para fugar divisas.
La documentación incautada muestra que la negociación con el proveedor chino la cerró directamente una ejecutiva del laboratorio, identificada como “Raquel”, pese a que las máquinas viajaron de forma directa al puerto argentino.
La causa avanza por contrabando agravado (artículo 865, inciso f, del Código Aduanero) y por egreso indebido de divisas.
(NA)