“Conozco esta discusión desde siempre y profundicé en ella cuando me tocó representar, institucionalmente, a La Pampa en uno de los momentos más importantes de la defensa de nuestros recursos hídricos. Y por eso creo que esto no puede convertirse en una simple discusión de plata”, señaló Lezcano.

Entre 2015 y 2019, como presidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales, Lezcano participó de las distintas instancias en las que La Pampa sostuvo su posición frente a Mendoza y al Gobierno Nacional, acompañando al entonces gobernador Carlos Verna y a la Fiscalía de Estado en reuniones ante el Ministerio del Interior y en la audiencia pública celebrada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el conflicto del río Atuel.

“El Atuel es un río interjurisdiccional. Eso no es una opinión de La Pampa, fue establecido por la Corte Suprema. Y la misma Corte, años después, fijó un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre Mendoza y La Pampa para intentar recomponer el ecosistema afectado, decisión que jamás fue respetada”, recordó.

Lezcano sostuvo que la decisión adoptada ahora por el Gobierno de Milei “profundiza la situación de injusticia para La Pampa”.

“Durante más de cincuenta años, el Estado Nacional reconoció la participación de La Pampa en las regalías de Los Nihuiles. En 1992, además, Nación, Mendoza y La Pampa celebraron un acuerdo aprobado por las legislaturas provinciales y homologado por la Corte Suprema, en el que expresamente se contempló el pago de regalías a nuestra provincia. Hoy, mediante un decreto, el Gobierno Nacional decide que La Pampa no reciba absolutamente nada”.

Para Lezcano, existe una contradicción que trasciende la discusión jurídica sobre la localización de las instalaciones hidroeléctricas: “Es una cuestión de soberanía provincial”.

“El Atuel no puede ser interprovincial cuando hablamos del daño que produce la falta de agua en territorio pampeano y convertirse en exclusivamente mendocino cuando hablamos de la riqueza que esa misma agua permite generar. La incoherencia política de la Nación y el desprecio explícito por lo que dictamina la Justicia destruyen la institucionalidad de una manera inédita en Argentina desde la última dictadura hasta la fecha”.

También cuestionó que el Poder Ejecutivo Nacional haya adoptado la decisión mientras continúa en trámite, ante la Corte Suprema, una causa iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional vinculada, precisamente, con el régimen de regalías de Los Nihuiles.

“Hay una controversia judicial que todavía no tiene sentencia definitiva. Sin embargo, al Gobierno que comanda Milei parece no importarle; decidió modificar unilateralmente una situación que llevaba más de medio siglo de vigencia y hacerlo, además, en momentos en que se avanza con una nueva concesión del sistema hidroeléctrico”.

Lezcano consideró que la defensa del Atuel debe continuar siendo una política de Estado irrenunciable, sostenida por todos los pampeanos.

“En esto no puede haber diferencias partidarias -dijo-. Podremos discutir muchas cosas en La Pampa, puertas adentro, pero cuando están en juego nuestros recursos, nuestros derechos y nuestra soberanía provincial, tenemos la responsabilidad de estar todos del mismo lado”.

“Primero privaron a La Pampa del escurrimiento natural del Atuel. Ahora pretenden privarnos también de nuestra participación en las regalías que, durante más de cincuenta años, nos fueron reconocidas. El agua, el ambiente, la producción y los derechos de La Pampa forman parte de una misma historia. Y esa historia nos obliga a seguir defendiéndonos.

El nivel de improvisación compulsiva del Presidente se corresponde con las medidas espasmódicas de todo su gabinete. Parece que no solo están dispuestos a condenarnos a ser una zona de sacrificio, también quieren provocar una pobreza sistémica en las localidades que ya fueron despojadas de su derecho al agua”, concluyó.