El Gobierno oficializó la designación de Leonardo Szuchet como subsecretario de Derechos Humanos.

Szuchet, que fue parte de la administración de Mauricio Macri, será el tercer funcionario que Javier Milei designa para un área especialmente sensible, que fue blanco de la motosierra y de disputas ideológicas orientadas a favorecer a los perpetradores de la última dictadura.

Juan Bautista Mahiques designó a Szuchet porque quería a alguien de confianza en la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH). Cuando llegó al Ministerio de Justicia, el cargo estaba ocupado por Joaquín Mogaburu, un funcionario que había accedido al puesto con el aval de Sebastián Amerio, hombre de confianza del asesor Santiago Caputo.

Pese a que Mogaburu decía que estaba confirmado en su cargo, Mahiques inició una búsqueda para conseguir un nuevo titular de la SDH. No fue tarea fácil por dos razones: la postura negacionista del Gobierno y su abierta confrontación con los organismos de derechos humanos, y lo poco seductor que resulta un cargo de subsecretario para alguien con credenciales.

Szuchet, que fue jefe de Gabinete de Claudio Avruj durante la gestión de Cambiemos, finalmente aceptó.

La decisión de desplazar a Mogaburu se oficializó tan sólo 72 horas después de la multitudinaria marcha por los 50 años del último golpe de Estado.

Mogaburu era un soldado de la “memoria completa”. Durante seis meses fue director nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Defensa, mientras la cartera era conducida por Luis Petri. El abogado solía participar en cursos de “verdad completa” junto a dos activistas pro-militares, Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure.

Mogaburu fue designado en la SDH el 24 de diciembre pasado. Llegó después de la renuncia de Alberto Baños, hombre del exministro Mariano Cúneo Libarona. Baños no sólo redujo la planta de la SDH a menos de la mitad, sino que también avaló la desjerarquización de la política de derechos humanos. Además, batió el triste récord de haber sido el primer funcionario en tomar un estrado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para negar el número de desaparecidos.

Mogaburu no tiene intención de irse de la SDH. Ya pidió autorización a la Corte Suprema para permanecer, ya no como titular del organismo, sino como director nacional de asuntos jurídicos en materia de derechos humanos. El 7 de abril, el juez Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, elevó el planteo al tribunal de superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal.

En la Casación, las licencias continuas de Mogaburu generan malestar, sobre todo porque el TOF 7 -que está a cargo del juicio de los cuadernos- solicita nuevos contratos, al sostener que no da abasto con las tareas que debe cumplir.

La dirección de asuntos jurídicos es un área clave, porque de ésta dependen las querellas en las causas de derechos humanos, incluidas las de lesa humanidad. Hasta ahora, la SDH no está teniendo actuación, sobre todo porque despidió a todos sus abogados.

Szuchet ya estaba instalado desde hacía días en la SDH, que tiene su sede en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Según dijeron fuentes del Ministerio de Justicia, la SDH no se mudará a Avenida del Libertador 8151, como estaba previsto.

Si bien todavía no se conoce cuál será la impronta de la gestión de Szuchet, en Justicia confirmaron que Bryan Mayer no será su jefe de Gabinete, cargo que le había prometido Mogaburu.

Mayer es un ex liceísta que tuvo su momento de notoriedad cuando calificó como “proterrorista” a la película Argentina, 1985, que retrata la labor de la fiscalía en el Juicio a las Juntas.

(Página12)