Los dirigentes exigieron terminar con los insultos presidenciales y pidieron auxilio financiero inmediato para recomponer el capital de trabajo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) aprovechó el Día de la Industria para enviarle un mensaje directo al Gobierno nacional, que casi vació de representantes el evento de la poderosa entidad fabril.

Desde el Laboratorio Elea, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, puso sobre la mesa los números de la crisis: una caída productiva del 10% frente a 2022 y la pérdida de 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados desde agosto del año pasado.

Frente a este escenario, propuso "siete puentes" para que las fábricas, en especial las pequeñas y medianas empresas, logren sobrevivir a la actual transición económica.

El reproche político quedó para el cierre del discurso, pero resonó como una respuesta directa a la tensión acumulada con la Casa Rosada y a los reiterados agravios que el presidente Javier Milei lanzó contra el sector, a quienes varias veces acusó de "prebendarios" o de cazar en el zoológico.

En los pasillos de la entidad todavía resuenan los ecos de los exabruptos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien llegó a tildar de "tarados" a los empresarios en el marco de las fricciones por la macroeconomía y la apertura importadora.

Ese clima de hostilidad tuvo uno de sus puntos de máxima tensión cuando los dardos libertarios apuntaron directamente contra los referentes históricos del establishment, patentizado en el mote de "don chatarrín" dirigido a Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, lo que marcó un quiebre inédito en el vínculo con el poder económico.

"Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen", reclamó el titular de la UIA frente a su auditorio. Si bien admitió que puede haber diferencias sobre las políticas que necesita el país, exigió que "el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática".

Para la cúpula fabril, el Ejecutivo debe cambiar urgente su mirada sobre la industria nacional. Rappallini recordó que el sector representa cerca del 18% del PBI, concentra el 20% del empleo y aporta alrededor del 30% de la recaudación tributaria nacional. Con ese peso económico y federal como argumento, pidió que la industria "tiene que ser reconocida como una de las vías centrales para el progreso" y "formar parte explícita del proyecto de desarrollo argentino".

El impacto en las pymes, Vaca Muerta y el efecto RIGI

El tarifazo energético fue uno de los ejes centrales del reclamo, marcando el pulso de la asfixia que sufren las firmas de menor tamaño. El titular de la UIA advirtió que muchas pymes sufrieron aumentos que multiplicaron sus facturas de gas y electricidad entre tres y cinco veces este año. La entidad responsabilizó por esto a la decisión oficial de trasladarle a las fábricas el costo total del diferencial de importación, por lo que exigió mecanismos urgentes de financiamiento para no cortar la cadena de producción.

En clave energética, los industriales reclamaron que los beneficios de los recursos hidrocarburíferos derramen sobre toda la cadena de valor local. Rappallini destacó que "Vaca Muerta, además de ser una plataforma para exportar energía, tiene que ser también una plataforma para exportar más producción argentina". Para lograrlo, pidió garantizar el abastecimiento, la infraestructura adecuada y energía a precios competitivos en todo el país.

Con esa misma lógica evaluaron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Aunque la UIA apoyó la sanción de la ley por generar un entorno propicio para competir con el mundo, la demanda central es que el régimen no quede aislado. El pedido explícito de la central fue que ese mismo principio de condiciones competitivas alcance al conjunto de la industria argentina, para no generar asimetrías imposibles de salvar entre las megainversiones y las empresas que ya están operando.

Los siete puentes para cruzar la recesión

Ante una economía que combina el orden fiscal con una mayor apertura importadora y una recesión severa en las fábricas, la central detalló sus siete ejes de gestión. El primer punto es la reconstrucción del crédito para capital de trabajo y consumo, bajo la advertencia de que la caída prolongada de la actividad destruye a las empresas. A esto le sumaron la necesidad de un "Pacto Fiscal Industrial Federal" para bajar gradualmente impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales, a los que consideran el núcleo del costo argentino.

Los empresarios también le exigieron al Estado que garantice una competencia leal y facilite la logística. Hubo un fuerte reclamo para combatir el contrabando y la informalidad; de hecho, advirtieron que en algunos rubros los productos ingresados por vías irregulares ya representan entre el 30% y el 50% del mercado. En paralelo, pidieron promover concesiones y esquemas de inversión público-privada para solucionar deficiencias históricas de infraestructura, desde las demoras en los puertos hasta el deterioro de rutas y redes eléctricas.

Por último, la central industrial pidió un auxilio financiero inmediato y la aplicación efectiva de la reforma laboral. Por un lado, solicitaron reprogramar deudas, suspender embargos de cuentas y acelerar la devolución de los saldos impositivos a favor para darle algo de liquidez a las pymes asfixiadas. Por el otro, celebraron la nueva legislación laboral como una oportunidad para actualizar convenios colectivos atrasados, aunque advirtieron que el éxito de ese marco dependerá de frenar de una vez la industria del juicio y reducir la litigiosidad.

(AM/fl – Perfil)