El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este miércoles la presentación del Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental y Abordaje de Consumos Problemáticos, una política pública que establece la hoja de ruta para la implementación de la Ley Provincial Nº 3642 durante los próximos dos años.

La actividad se realizó en el auditorio del Centro Cultural Medasur, en Santa Rosa, con la participación de autoridades provinciales, municipales, legislativas y representantes de instituciones de la comunidad.

El Plan, anunciado por el mandatario el pasado 1° de marzo al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, fue diseñado para fortalecer las políticas públicas de salud mental en toda la Provincia. Contempla objetivos específicos y líneas de acción destinadas a ampliar el acceso a los cuidados, reforzar la prevención, promover la inclusión social y consolidar una red territorial de atención.

Entre las principales medidas se encuentran la incorporación de personal especializado mediante mecanismos ágiles de contratación, la ejecución de obras edilicias, el fortalecimiento de las líneas telefónicas de asistencia, la creación de nuevos dispositivos comunitarios y el fortalecimiento de equipos y guardias en distintas localidades pampeanas.

La implementación alcanzará a todo el territorio provincial mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de La Pampa, municipios, comisiones de fomento, organismos del Estado, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

"La única respuesta que puede esperar la ciudadanía es la del Estado"

Durante su discurso, Ziliotto destacó que la amplia convocatoria reflejó la magnitud del desafío que representa la salud mental y el abordaje de los consumos problemáticos.

"Esta presencia tan numerosa y representativa de la institucionalidad de la provincia nos marca cuál es la complejidad de la problemática", sostuvo, y valoró el acompañamiento de todos los sectores políticos que hicieron posible la aprobación unánime de la ley que dio origen al plan.

El Gobernador agradeció especialmente a la Legislatura por brindar "el marco institucional" necesario para poner en marcha una política pública que, aseguró, "nos va a interpelar y también a desafiar".

"En una filmina es muy fácil diagramar lo que hacemos. Después viene el desafío de llevarlo adelante en el territorio, donde los intendentes y las intendentas conocen de cerca el avance de estas problemáticas", expresó.

Ziliotto sostuvo que el crecimiento de las situaciones vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos responde a múltiples factores, entre ellos las consecuencias de la pandemia y el contexto económico nacional.

"Las consecuencias de un plan económico que genera mayor pobreza, mayor indigencia, mayor desocupación y mayor vulnerabilidad también generan escenarios donde las relaciones humanas empiezan a tensionarse. Frente a eso, el Estado tiene que hacerse cargo", afirmó.

En ese sentido, remarcó que "la única respuesta que puede esperar el ciudadano de a pie es la del Estado", y aseguró que la Provincia continuará priorizando la salud integral de la población no solo desde las decisiones políticas, sino también a través de la inversión pública. "También aquí hay mucha inversión pública porque la complejidad de la problemática así lo amerita", señaló.

Trabajo conjunto para garantizar respuestas

El mandatario convocó a profundizar el trabajo articulado entre todos los niveles del Estado y las instituciones, destacando que las respuestas solo pueden construirse de manera colectiva.

Recordó que la Ley de Descentralización, vigente desde 2006, consolidó una forma de gestión basada en el trabajo territorial conjunto y sostuvo que esa experiencia debe fortalecerse frente a los nuevos desafíos.

"No podemos levantar un muro entre las responsabilidades de un municipio, del Gobierno provincial, del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Cuando la gente demanda respuestas, no hay barreras que nos permitan sacarnos el problema de encima", afirmó.

Finalmente, convocó a todos los actores a sostener el compromiso compartido con la comunidad.

"Si todos luchamos por el bien común, La Pampa seguirá siendo una referencia en el contexto nacional. Ese es un activo que debemos cuidar y que nos tiene que impulsar a seguir trabajando juntos. Son tiempos difíciles y de esto salimos entre todos", concluyó.

$12.000 millones de inversión y 30 profesionales más

El subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, presentó los principales lineamientos del Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental y Abordaje de Consumos Problemáticos y precisó que durante los próximos dos años la Provincia invertirá 12.000 millones de pesos para fortalecer el sistema de atención.

La inversión contempla la ampliación y adecuación de instalaciones destinadas a la salud mental en distintos puntos de la Provincia, además de la incorporación de 30 profesionales especializados para reforzar los equipos de trabajo.

Malgá explicó que uno de los ejes centrales del plan es fortalecer el abordaje comunitario de la salud mental, articulando el trabajo del sistema sanitario con otras áreas del Estado y con instituciones de la sociedad civil.

"Lo que nos interesa mostrar es cómo pensar los cuidados en lo comunitario y compartir las herramientas con el trabajo que también realizan el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, las universidades, instituciones de la sociedad civil y prestadores conveniados", señaló.

El funcionario explicó que el objetivo general del plan es promover mejores condiciones de salud mental para toda la población, garantizando una mayor calidad y continuidad de los cuidados, con cuatro principios transversales: la atención primaria de la salud, el enfoque de derechos humanos, la accesibilidad y la integralidad e intersectorialidad.

Asimismo, detalló que la estrategia se organiza en siete ejes de trabajo: fortalecer la prevención; ampliar la capacidad de atención y el acceso a los servicios; abordar los consumos problemáticos con estrategias de reducción de riesgos e inclusión social; promover la inclusión sociolaboral y habitacional; impulsar políticas específicas para infancias y juventudes; consolidar acciones comunitarias e interministeriales; y fortalecer la gobernanza del plan a través de la Mesa de Implementación y Monitoreo creada por la Ley Provincial 3642.