El mandatario chubutense junto a otros mandatarios y funcionarios de provincias patagónicas, propone declarar la emergencia ígnea y zona de desastre en las provincias del Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en el marco de la Ley Nacional N° 27.287.  

La iniciativa se analizó hoy durante un encuentro virtual en el que La Pampa estuvo representada por el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, en el que se reconoció la gravedad de los incendios forestales y rurales que afectan a vastas regiones del país y planteó la necesidad de una respuesta integral, coordinada y urgente del Estado nacional, en articulación con los gobiernos provinciales y municipales, para mitigar los daños ambientales, sociales y productivos ocasionados por el fuego.

Garantizar recursos, planificación

La Pampa dejó en claro la importancia del trabajo conjunto entre provincias, más allá de las pertenencias políticas, y subrayó la necesidad de contar con un Estado nacional que, coordinado con los estados provinciales, garantice recursos, planificación y respuestas eficaces ante emergencias climáticas y ambientales cada vez más frecuentes.

Adhesión de legisladores nacionales del PJ

El Gobierno de La Pampa valora y acompaña la adhesión y el respaldo de los legisladores nacionales del Partido Justicialista, tanto diputados como senadores, quienes han manifestado su apoyo a esta iniciativa en el Congreso de la Nación, reafirmando el compromiso con la defensa de las provincias afectadas y con una política federal de gestión del riesgo.

Asimismo, reiteró su compromiso con la protección del ambiente, la seguridad de sus habitantes y la reconstrucción de las zonas afectadas, y reafirma la importancia de fortalecer las políticas públicas de prevención y respuesta ante incendios forestales en todo el país.

El proyecto

El proyecto declara la emergencia ígnea en los términos previstos por la legislación vigente y establece la declaración de zona de desastre para los territorios afectados, habilitando así el uso de herramientas excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asistencia a las comunidades damnificadas.
Autoriza a la Agencia Federal de Emergencias —o al organismo que en el futuro la reemplace— a disponer de los recursos presupuestarios necesarios para la prevención y combate de incendios forestales y rurales; la atención, mitigación y recomposición de los daños sufridos por personas, familias y bienes afectados; el apoyo y la asistencia a las provincias y municipios alcanzados por la emergencia y la ejecución de todas las acciones previstas en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Estas medidas se implementarán respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y en coordinación permanente con las jurisdicciones involucradas.

(APN)