La Cámara Federal de Casación Penal revocó hoy el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y ordenó que se haga el juicio oral y público junto al resto de la treintena de imputados, entre ellos, su hijo Máximo Kirchner, por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia. La decisión no incluye a Florencia Kirchner.

“Al momento de ingresar Florencia Kirchner a la sociedad comercial, ésta ya estaba operativa, con su progenitora Cristina Fernández de Kirchner y su hermano mayor, Máximo Kirchner, desde hacía ocho años”, se sostuvo.

Fuentes judiciales informaron que la determinación la tomaron los jueces de la Sala I de la Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Fue luego de que la jueza Ana María Figueroa cumpliera los 75 años, y quedara afuera del tribunal por su edad.

El caso volverá ahora al Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que en noviembre de 2021 sobreseyó por mayoría a los acusados. Sin embargo, eso no implica que el juicio comience en el corto o mediano plazo, ya que las defensas pueden apelar el fallo de Casación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En las dos causas se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces -de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades, a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El caso fue elevado a juicio en febrero de 2019. El TOF 5, con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, sobreseyeron a los acusados. Explicaron que no hubo lavado de dinero, porque cuando se dieron los hechos había una ley penal más benigna que la actual. También que los fondos que se discutían estaban bancarizados, por lo que no había lavado, y que a la causa se incorporaron elementos nuevos, como las elevaciones a juicio de las causas Vialidad -en la que Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados- y Oil Combustibles -la empresa de López y de Sousa acusada de fraude al estado en la retención de impuestos- que descartan las acusaciones.

En disidencia, la jueza Adriana Palliotti votó por rechazar los pedidos de sobreseimiento. Sostuvo que los planteos deben analizarse en un juicio oral junto con toda la prueba del caso.

El fallo fue apelado por el fiscal Diego Velasco. “Los fundamentos del Tribunal son aparentes, advirtiéndose una inobservancia de normas cuya desatención acarrea sanción de nulidad, menoscabando directamente las garantías de defensa en juicio y debido proceso, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad”, había dicho Velasco en su apelación.

Así, la causa pasó a la Cámara de Casación. Allí las partes plantearon sus posturas. Por un lado, la de Cristina Kirchner y sus hijos pidió que se confirme el sobreseimiento. “Las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal. Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado”, señalaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en un escrito que en noviembre del año pasado presentaron ante Casación.

Y por su parte, el fiscal de Casación Mario Villar, mantuvo la postura de su colega Velasco para que se revoquen los sobreseimientos y se haga el juicio. “Son hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos. La Fiscalía se vio privada de representar a la sociedad en un juicio oral”, dijo Villar.

La causa volverá al TOF 5 que hoy tiene otra integración. El juez Grünberg ya no integra el tribunal, porque cuando resolvió el caso era subrogante. Y todo indica que Obligado no podrá intervenir en el caso. Es que cuando votó por los sobreseimientos opinó sobre el fondo del caso, lo que lo inhabilita para hacer el juicio. Así, la única titular que queda es Palliotti.

Cristina Kirchner ya tiene una condena. La recibió en diciembre pasado, cuando el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el caso de la obra pública que de manera irregular recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz, durante los 12 años de gobierno kirchnerista.

(Infobae)