El Censo 2022 dejó en evidencia, entre otros aspectos, el enorme desfasaje entre propietarios e inquilinos. La inequidad se expresa, por un lado, en la enorme cantidad de viviendas vacías -inalcanzables para el inquilino por el precio- o no puesta en alquiler porque a los propietarios no les conviene ofertarla.

A eso se suma el impacto de los incrementos en los costos de los alquileres que, para octubre, rondan en promedio un 65%.

En ese contexto, la agrupación Inquilinos Agrupados presentó este lunes en la Legislatura porteña, un proyecto que prohíbe viviendas vacías por más de 90 días en CABA.

La polémica no se hizo esperar, y de inmediato tomaron posición, en bandos enfrentados, defensores y detractores de la medida.

En diálogo con Cadena 3, Gervasio Muñoz, miembro de Inquilinos Agrupados y creador del proyecto, señaló que en 1991 había 40 mil viviendas vacías en CABA. Según el censo de 2010, esa cifra ascendió a 341 mil.

"Los efectos son dramáticos porque aumenta la presión sobre los precios, y le da la posibilidad al mercado inmobiliario de fijar condiciones cada vez más excluyentes y, por lo tanto, presionar para diseñar finalmente quién puede acceder a una vivienda y quién no”, dijo.

El proyecto de ley N° 2563-P-2022 propone que toda vivienda que permanezca vacía por más de 90 días, deberá ingresar de forma obligatoria al Sistema de Alquiler Protegido, que se crea con la misma ley. Las viviendas que ingresen a dicho sistema serán alquiladas y administradas por el IVC, a un precio equivalente al 1% del valor fiscal. Asimismo, estipula que las viviendas con herencia vacante deberán ingresar al sistema.

“Necesitamos una lógica donde las viviendas sean para vivir y no para especular”, remarcó Muñoz.

Derecho a la propiedad privada

En la vereda de en frente, la legisladora porteña por Republicanos Unidos, Marina Kienast, puso sobre la mesa el derecho a la propiedad, y planteó que la propuesta "no soluciona el problema de fondo".

“Claramente, este proyecto va en contra del derecho a la propiedad”, dijo a Cadena 3.

“Creo que no tenemos que incentivar a que el Estado persiga a los ciudadanos porque tienen bienes. Su verdadera ocupación tiene que estar enfocada en mejorar la calidad de vida de la gente, y crear condiciones para que todos puedan progresar por sus propios medios”, expresó.

Para finalizar, Kienast agregó: “El problema de fondo es que a la gente no le alcanza lo que gana para alquilar. Me preocupa que estemos llevando a los vecinos a denunciarse entre sí por hechos que, en realidad, no configuran un delito, o peor, que con esto incentivemos la toma de propiedades. Eso sería catastrófico”.

(Fuente: Cadena 3)