Los vecinos de Arata y Trenel fueron citados a un hotel céntrico de General Pico, pero cuando arribaron se toparon con la ingrata sorpresa que los representantes del organismo nacional se habían retirado sin anticiparles ni darles ninguna explicación.

Los damnificados, que fueron notificados a través de cartas documentos, viajaron en combis municipales, en automóviles y hasta “a dedo” para no perder -en muchos casos- su único ingreso económico.

El intendente de Arata, Henso Jorge Sosa, y la coordinadora de Acción de Trenel, Karen Serrato, coincidieron que estas “operaciones” y “trabas” tienen la clara intención de “sacar el beneficio a las personas que sufren discapacidades. Fue una increíble falta de respeto y empatía, que refleja una gran crueldad”.

El episodio se produjo en los últimos días de julio, pero recién trascendió ahora que la Andis está en el centro de las polémicas por las supuestas coimas que involucran a la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, y la Droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker.

El sistema de recaudación ilegal de coimas lo reveló el desplazado titular de la Andis Diego Spagnuolo, en audios de WhatsApp que trascendieron públicamente, y donde el presidente Javier Milei –hasta el momento- se limitó a retuitear un comunicado de la droguería, donde se desentendió de cualquier responsabilidad de “pasar la gorra” entre los laboratorios para cobrar las coimas.

“Crueldad”

Karen Cerrato confirmó que la citación fue para el martes 29 de julio, y desde esa comuna “viajaron entre 56 ó 58 personas” para realizar el trámite de actualización de historia clínica en el Hotel Pico, pero los representantes de Andis los dejaron plantados. Cuando arribaron, fueron atendidos por un recepcionista, que desconocía el destino de estas personas, y solamente les transmitió que se habían retirado porque supuestamente “se cayó el sistema”.

“Intentamos comunicarnos con los evaluadores para transmitir que estábamos presentes, para evitar que dijeran que nuestros vecinos no se presentaron y corran el riesgo de perder sus pensiones. Pero fue imposible. En el gobierno provincial desconocían que habían citada a la gente. Solamente nos atendió una persona en Andis, que nos sugirió que realicen un descargo para evitar la quita de los beneficios”, relató Cerrato.

Agregó que la comuna de Trenel inicialmente realizó “un descargo grupal”, y posteriormente convocaron a las personas para hacer “descargos individuales” para “evitar que les quiten las pensiones”.

“Es una locura lo que están haciendo con la gente con discapacidad”, reflexionó. Y planteó que los trabajadores de Correo Argentino a las personas que no encontraban en sus casas, devolvían las cartas, por lo cual no fueron notificados que debían realizar el trámite. Entonces, solicitaron un padrón a la Dirección de Discapacidad de La Pampa, para notificar -desde el municipio- a todos los vecinos que perciben la pensión por discapacidad.

“En los días previos acompañamos a las personas para que actualicen los certificados médicos y su información personal, dispusimos vales de combustibles para que viajen, hubo algunas personas que después nos enteramos que viajaron a dedo, otros se agruparon y viajaron tres o cuatro personas en auto, también pusimos autos para trasladarlos y no nos atendieron y nos dijeron que ahora realizarían las actualizaciones en septiembre”, expresó Cerrato.

“Una burla”

Henso Sosa consideró que los trabajadores de la Andis “se burlaron de la gente”, y consideró que esto “no puede ocurrir esto con las personas con discapacidad”. Ejemplificó, que pretendían que asista a General Pico a una persona que “hace más de veinte años está postrada en una cama”, por lo cual se hizo un acta con un escribano para dejar constancia de la imposibilidad de trasladarse. “No se puede jugar con el sufrimiento de la gente”, se quejó.

Los entrevistados coincidieron que los representantes del cuestionado organismo nacional atendieron -en horario matutino- a los notificados en General Pico, y después se retiraron.

Desde Arata, se enviaron dos combis municipales con las 29 personas notificadas, porque pretendían que estén en el horario establecido en el céntrico hotel piquense. “Sospechamos que si no concurrían les iban a sacar la pensión, por eso rápidamente le dije a la gente de Acción Social que se encarguen de contactar a los vecinos para coordinar el traslado. En los pueblos nos conocemos todos y sabemos que hay gente que no estaba en condiciones de viajar y los tendrían que haber visitado en sus casas, porque tiene una discapacidad visible”, expresó.

“No tendría que estar ocurriendo está persecución, porque está gente está sufriendo una persecución, cuando el Estado se debe hacer cargo de estas personas, que mayoritariamente tienen este único ingreso económico porque están impedidos de poder realizar una actividad laboral”, se quejó Sosa.

(La Arena – Corresponsal Eduardo Castex)