La causa se inició a partir de la denuncia que realizó la Dirección General de Personal Docente tras un control de la documentación.

Fuentes consultadas por La Arena explicaron que la investigación se inició a principios de febrero, a partir de la denuncia que realizó la Dirección General de Personal Docente.

Indicaron que “en un control detectaron que habría certificados médicos falsos. Citaron a las médicas que aparecían firmando esos certificados, y esas médicas que aparecía su firma y su sello, desconocieron todos esos documentos”.

Las fuentes ligadas a la investigación explicaron que a partir de la denuncia se ordenó el allanamiento de las viviendas de ambas docentes imputadas.

Durante el operativo detallaron que se “secuestraron talonarios para hacer recetas médicas, porque una de las personas trabaja en la Torre Médica”.

Los voceros comentaron que esta docente “aparentemente fue la que habría falsificado 10 certificados médicos que ella presentó en la Dirección General de Personal para usufructuar licencia y no ver afectada su remuneración, y le habría dado un certificado médico a otra compañera, a otra docente, evidentemente conocida, que también lo presentó”.

Formalización

Las fuentes señalaron que en la formalización se las imputó, y se las investiga por “falsificación de instrumento privado” a la docente que también trabaja en la Torre Médica, porque “ella habría sido la que falsificó los certificados, y fraude a la administración pública porque los presentó, y quizás existe un perjuicio para la administración pública”.

En cambio, a la otra docente que presentó un certificado se la imputa por “el uso de un certificado médico falso y también fraude a la administración pública por los mismos motivos”.

“Se pidió la apertura de los teléfonos celulares que se les habían secuestrado cuando se inició la investigación en los allanamientos, para ver si existe información que las vincule con este hecho”.

Además, agregaron que las penas que establece el Código Penal por “la falsificación de instrumento privado es de 1 a 6 años, y el fraude de la administración pública es de 2 a 6 años”.

Las fuentes subrayaron que “recién se inició esta investigación, y veremos qué se puede demostrar y qué no. La denuncia concreta de la Dirección General de Personal y las médicas que aparecen firmando esos certificados médicos ya fueron convocadas a la Fiscalía, y lo desconocen. Ellas dicen no haber confeccionado, no haber atendido a ninguna de las dos”.