Hace apenas un par de semanas, en este mismo espacio, nos preguntábamos qué hacer con el consumo problemático de estupefacientes. Unos días después nos llegaba la respuesta a través de un panfleto -para el olvido- repartido por el municipio bonaerense de Morón: los ciudadanos estamos solos porque las autoridades están en otra y tenemos que rebuscárnoslas como podamos.

La verdad es que la nota podría terminar acá. A algunos les pesará más admitirlo y a otros menos, pero todos sabemos que vamos a la deriva. Por supuesto que esto no empezó recién ahora, la cosa viene mal desde hace mucho y, lamentablemente, no se limita sólo a la desidia exhibida en la política antidrogas.

Sin ir más lejos, asistimos recientemente a un espectáculo dantesco en el Amela, cuando una alumna golpeó a la profesora de gimnasia y a la directora. No es la primera vez que docentes piquenses reciben agresiones en escuelas de la ciudad, pero en esta oportunidad, hubo una reacción que logró visibilizar el tema; y afortunadamente fue así, pues ya va siendo hora de adoptar medidas urgentes.

Desde hace un tiempo a esta parte, las aulas dejaron de ser los templos laicos del saber, y los alumnos dejaron de saciar en ellas exclusivamente ansias de conocimiento. Al contrario, poco a poco se fueron invirtiendo los tantos: una cosa era ir a estudiar y, de paso, merendar; otra, muy distinta, es ir a la escuela para recibir allí la única ración de comida del día. Y claro que es lógico el planteo de que no se puede aprender con el estómago vacío, el punto es que desvirtuaron fines y roles, y vaciaron la autoridad magisterial.

En mi querida Escuela N° 111 se servía mate cocido con leche y pan, funcionaba un ropero escolar, se completaba la mochila con útiles cuando alguno escaseaba, y la "seño" nos despiojaba si era necesario también. Todo eso estaba en función del acto educativo, apuntalaba el proceso enseñanza-aprendizaje. Luego, el deterioro generalizado de las condiciones sociales conmovió a todas las instituciones, y los colegios no fueron la excepción, el problema es que lejos de fortalecer a los colegios, se optó por desnaturalizarlos.

Mis abuelas fueron mujeres nacidas en las primeras décadas del siglo pasado y, como muchas de sus coetáneas, no sólo que no llegaron a la universidad, sino que enfrentaron la vida con las herramientas que les dio la escuela primaria. Nunca les pregunté, pero muy probablemente no tenían nítidas las causas y consecuencias de la revolución francesa. Sí sabían leer y escribir, y manejaban las operaciones matemáticas básicas. Con eso se defendieron en la vida, formaron un hogar y llevaron adelante una casa, pero estaba claro que la escuela reforzaba y acompañaba la educación que se recibía en la casa.

A contrapelo y sin nostalgias, por la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, puede entenderse más o menos bien por qué a un pibe que terminó un master, le cuesta ubicarse en la vida (y nótese bien que no hablo de conseguir trabajo, sino de situarse en la realidad para afrontarla). Hagan todas las críticas que quieran al modelo de enseñanza enciclopedista y a la escuela de Sarmiento, pero lo cierto es que las abuelas se bancaron dos guerras mundiales, y los pibes no toleran la frustración de rendir un examen recuperatorio, para ponerles una sanción disciplinaria hay que mandar un mail a la ONU con copia al Papa, y para aprender reglas de tres simples necesitan la asistencia de maestros, trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos y, si nos descuidamos, hasta de un exorcista. ¿Y cuál es el resultado? Fajan a los docentes y a los directivos.

Evidentemente algo salió mal.

Pero la cosa no termina ahí. Hay más. Supongamos que un estudiante asiste a clases armado. Por un momento, imagínese a un alumno de cualquier establecimiento educacional pampeano, portando un cuchillo o un revolver ante sus maestros y compañeros de aula. Amigo lector, ¿qué haría usted en una situación como esa? Pues bien, el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa tiene protocolizada la actuación en estos casos, y les prohíbe a los docentes dar parte a las fuerzas de seguridad, y les impone a ellos la carga de disuadir y desarmar al alumno, ¿qué tal? Un guía de intervención de estas características riñe con el más elemental sentido jurídico, desde que no se le puede exigir a una persona que reemplace el accionar del personal preventor frente a un individuo armado, exponga su propia integridad y arriesgue la de terceros. Ese protocolo no sólo es ilegal, sino que es completamente delirante, ¡lo único que falta es que los profesores deban acreditar también conocimientos en defensa personal!

El fogoneo de estas prácticas convierten a la escuela en un aguantadero, y sumen a la educación en un proceso de degradación que debe ser inmediatamente detenido. Por fortuna hubo una sana reacción por parte de algunos trabajadores de la educación, pero hay otros tantos impedidos de velar, no ya por su propia seguridad, sino por la de la comunidad en su conjunto. El temple de estos últimos sólo se explica en sujetos profundamente ideologizados, más comprometidos con gobernantes perversos que con su supuesta vocación docente.

Urge dejar en evidencia esta problemática, que viene desde hace tiempo, y que debe ser abordada con la seriedad que el tema amerita. Es hora de tomar el toro por las astas, a fin de evitar que la escuela siga siendo profanada y los docentes continúen siendo pervertidos.