El caso se hizo público a través del Facebook de su esposa, Carolina Grassi, quien expuso las vicisitudes de la enfermedad que afronta su esposo –y toda la familia-, acuciado en estos últimos meses por la negativa de la Provincia de reconocerle la licencia por enfermedad, vencidos los plazos que la Ley 643, artículo 127 inciso b, otorga para casos de largo tratamiento.

“Lucas es empleado de Salud Pública –relata y explica su esposa Carolina-, trabajaba activa y comprometidamente hasta hace dos años atrás porque desde ese tiempo ya no puede hacerlo porque aquellos síntomas iniciales de entumecimiento, se fueron intensificando, quedándose y debilitando  su cuerpo y fortaleciendo su alma, mostrando una entereza contagiosa e increíble”.

“Pero la licencia por enfermedades de largo tratamiento del artículo 127 inciso b) de la Ley 643  se agota a los dos años, con  dos excepciones para que ese límite no se aplique, para que esos dos años no signifiquen agravar una situación ya de por sí grave”.

“La primera excepción es para las enfermedades oncológicas y la segunda el Poder Legislativo se la encomendó al Ejecutivo para que reglamentara e incluyera otras afecciones con consecuencias similares a las oncológicas, para ir más allá de los dos años en el acompañamiento”.

“Eso es lo que dice la Ley… que modificó aquel límite de los dos años con esas dos excepciones. Pero resulta que esa ley se dictó hace 15 años y esa ley aún no se reglamentó y no incluyó a esos efectos el ELA, aunque hubo reconocimiento de algunos casos porque el Ejecutivo la utilizó discrecionalmente, otorgándoselo a unos y negándoselo a otros. Entre estos, a quienes se negó el beneficio figura Lucas, ya que el Ejecutivo desestimó su pedido de ser incluido en esa excepción, sin otro fundamento solo diciendo que la reglamentación aún no se dictó, convirtiendo un incumplimiento en una fuente de razón o mejor, de sinrazón”.
 
“Así las cosas,  el caso de Lucas hoy está en la justicia y el juez de Primera Instancia entendió que era competencia del Superior Tribunal de Justicia, porque allí se tramitan y resuelven los juicios que los empleados públicos le hacen al gobierno y no que tenía que tramitar por una acción de amparo”.