La decisión se adoptó durante el 32° Congreso Extraordinario, con la participación de 18 filiales y 32 congresales de todo el país. Además, se dispuso la inhabilitación permanente del dirigente para ejercer cargos tanto en la Federación como en la Obra Social del Personal de la Industria Gráfica (Ospida).

La resolución estableció el apartamiento “inmediato y permanente” del pampeano, al considerar acreditadas “conductas inadmisibles” y un “accionar indebido, irregular y moralmente reprochable” en la administración de recursos. También se instruyó avanzar con acciones civiles y penales para determinar responsabilidades y recuperar fondos.

La medida se apoyó en una auditoría externa que detectó serias inconsistencias en la rendición de cuentas de la obra social. Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron egresos sin respaldo documental por $295.522.734,59, lo que impidió verificar la trazabilidad completa de los fondos.

El informe también señaló transferencias por más de $301 millones destinadas al pago de salarios, cargas sociales e impuestos de empleados vinculados a un sindicato, sin que pudiera acreditarse su relación directa con prestaciones de salud. A esto se sumó un fuerte deterioro financiero: la deuda prestacional trepó a $4.689 millones al 20 de febrero de 2026, con un incremento cercano al 980% respecto del año anterior, situación que ya provocó la interrupción de servicios por falta de pago a prestadores.

La auditoría también advirtió inconsistencias en el padrón de afiliados de la delegación La Pampa y transferencias de fondos cuya correspondencia con los beneficiarios no pudo ser validada, lo que profundizó las sospechas sobre un manejo discrecional de recursos.

En paralelo, la Federación y la obra social radicaron una denuncia penal ante la Justicia nacional en lo criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires, donde se investiga la gestión del exdirigente.

Desde la conducción remarcaron que la sanción busca enviar una señal clara: “no hay lugar para la corrupción, la deslealtad ni la falta de ética”, y sostuvieron que la medida apunta a resguardar la credibilidad institucional y la confianza de los afiliados.

En ese marco, un plenario de secretarios generales aprobó un documento en el que rechazó la difusión pública de una denuncia por parte de una dirigente sindical de San Luis. El pronunciamiento sostuvo que ese tipo de situaciones deben canalizarse por vías judiciales e institucionales, y advirtió que la exposición mediática puede vulnerar el principio de presunción de inocencia y afectar el funcionamiento interno de la organización.