Di Nápoli –el ministro-, solicitó a la Jefatura de Policía, un informe detallado respecto a la sanción aplicada recientemente al aludido miembro de la fuerza.

Al mismo tiempo, el ministro dio intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por lo que la decisión final queda supeditada a lo que el organismo de control determine.  

“Cabe destacar –se agregó-, que más allá de lo actuado hasta el momento por la cartera ministerial, el agente involucrado cuenta con todos los mecanismos y garantías previstas por la vía administrativa para apelar la medida impuesta”.

“Asimismo, se reafirma la plena vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual rige con estricto apego a los derechos civiles y a los derechos que amparan al personal policial”.

“Esta ley continúa siendo el marco legal que asegura una actuación transparente, responsable y respetuosa tanto hacia la ciudadanía como hacia los integrantes de las fuerzas de seguridad”.

“El Ministerio reitera su compromiso con la legalidad, la equidad y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad como pilares fundamentales del sistema democrático”.