Se realizó una nueva reunión del Ente de Políticas Socializadoras, espacio interinstitucional creado por la Ley Provincial N° 2831 y modificado por la Ley N° 3504.

El encuentro tuvo lugar en la sala de reuniones del Ministerio de Seguridad y Justicia y fue organizado por la Coordinación de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal.

Estuvo encabezado por el subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Fernando Funes; el director de Coordinación de la Unidad de Abordaje, Maximiliano Bassi; y la subdirectora de la Unidad, Yanina Mustafá. Participaron representantes del Poder Ejecutivo provincial de los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social; integrantes del Poder Judicial, con representantes del Superior Tribunal de Justicia y defensores; y legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Durante la jornada se presentó el estado de situación y la organización actual de la Unidad de Abordaje, con un análisis de sus sedes, recursos humanos y materiales, distribución de cargas de trabajo y el proceso de reorganización de los equipos profesionales.

El Ente abordó el avance y las proyecciones de las principales líneas de intervención desarrolladas durante 2026, entre ellas el Programa de Pre-Libertad y Régimen Preparatorio para la Liberación, las propuestas de reinserción sociolaboral y el Taller de Emprendedurismo en contexto de encierro.

Se analizaron también los dispositivos destinados a personas condenadas por siniestros viales, por situaciones de violencia de género y por delitos contra la integridad sexual, junto con la proyección de un nuevo dispositivo sobre masculinidades.

Se presentó además una experiencia piloto de articulación interministerial para personas que transitan el instituto de libertad asistida y una nueva línea de intervención para mujeres condenadas por situaciones de maltrato infantil.

La reunión incluyó la evaluación de las intervenciones realizadas por la Unidad a partir de información cuantitativa y cualitativa, y la identificación de problemáticas emergentes, con especial atención a las demandas relacionadas con condenas por delitos contra la integridad sexual y las necesidades socioeconómicas detectadas entre las personas supervisadas.

También se trabajó sobre los tratamientos psicológicos y dispositivos psicosocioeducativos en el marco de la ejecución penal, con el objetivo de diferenciar necesidades de intervención clínica de aquellas que requieren abordajes psico-socio-educativos y establecer criterios de articulación con el sistema de Salud.

En materia de niñez, se analizaron criterios de articulación entre la Unidad y los equipos especializados en procesos de revinculación familiar, particularmente en situaciones en las que personas bajo supervisión participan simultáneamente de esos procesos.