Lo ocurrido este viernes en el Concejo Deliberante de General Pico —en el mismo edificio donde funcionó la primera terminal de ómnibus de nuestra ciudad— trascendió por completo el marco de un homenaje protocolar.

La colocación de una placa en memoria del exgobernador Ismael Amit fue la mascarada perfecta para un doble objetivo: montar la foto de ensayo de la «Gran Alianza» opositora rumbo a 2027 y ejecutar una peligrosa operación de amnesia histórica sobre el golpismo, la proscripción y la complicidad civil con el terrorismo de Estado en La Pampa.

La postal de Pico: el laboratorio opositor hacia 2027

A pocas horas de que la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical debatiera formalmente en Santa Rosa la autorización para tejer frentes electorales, la oposición pampeana eligió a General Pico como su pasarela estratégica.

Allí convergieron en un mismo cuadro el diputado nacional Martín Berhongaray —ya lanzado a la carrera por la gobernación— junto a legisladores provinciales como Julián «Pancho» Aguilar y concejales locales como Marcelo Capellino.

A su lado se alineó el PRO, con el diputado nacional Martín Ardohain y Marita Mac Allister; la conducción de Comunidad Organizada, con la presencia explícita de Juan Carlos Tierno y la diputada Sandra Fonseca; la representación de la Coalición Cívica y la dirigencia residual del Movimiento Federalista Pampeano (MOFEPA).

La escena fue elocuente por partida doble. Por un lado, exhibió la necesidad de la oposición tradicional de aglutinarse para disputar la hegemonía provincial al peronismo. Por el otro, dejó al descubierto una ausencia tan sintomática como reveladora: La Libertad Avanza no estuvo.

Los libertarios, absorbidos por su propia lógica de ruptura algorítmica y hostiles por dogma a cualquier reivindicación de la obra pública estatal, quedaron al margen de la liturgia tradicional.

Como sintetizó con mordacidad uno de los participantes ante la prensa provincial: «los libertarios no tienen ni idea de quién fue Amit». El radicalismo, el macrismo y el tiernismo buscaron mostrar músculo territorial y enviar un mensaje disciplinador hacia el armado de Javier Milei: hacerles saber que, si pretenden confluir en 2027, el centro de gravedad de la oposición seguirá estando en las estructuras partidarias históricas.

Sin embargo, para unir tradiciones hasta ayer irreconciliables —el republicanismo formal de la UCR, el pragmatismo de derecha del PRO, el punitivismo autoritario y el viejo conservadurismo provinciano—, necesitaban fabricar un mito de origen. 

Y encontraron en Ismael Amit el significante ideal: el «único gobernador constitucional no peronista» de nuestra historia, el «hacedor» aséptico de los años sesenta.

La deconstrucción del mito: gobernar sobre las proscripciones del ’55

Como politólogos y militantes de derechos humanos tenemos la obligación ineludible de desmontar la impostura: Ismael Amit jamás derrotó en las urnas a un peronismo en plenitud de derechos. Sus mandatos constitucionales no fueron triunfos sobre la voluntad popular soberana, sino el resultado directo de los golpes de Estado y las proscripciones militares que mutilaron la democracia argentina.

Nuestra provincia nació formalmente a la vida institucional tras la provincialización de 1951 bajo el nombre de Provincia Eva Perón, y su primer mandatario constitucional fue Salvador Ananía (1953–1955). Tras el sangriento golpe de septiembre de 1955 de la autodenominada «Revolución Libertadora», los dictadores Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu anularon la Constitución provincial por bando militar, borraron por decreto el nombre de Eva Perón, clausuraron la Legislatura y encarcelaron al gobernador constitucional Ananía, quien terminó confinado en presidios del sur junto a otros dirigentes justicialistas.

La proscripción se consolidó con el siniestro Decreto-Ley 4161/56, que criminalizaba con penas de prisión el simple acto de cantar una marcha, portar un distintivo o pronunciar los nombres de Perón y Evita.

Fue sobre esa tierra arrasada y con las mayorías populares proscriptas donde Amit edificó sus dos gobernaciones:

●    En las elecciones de marzo de 1960: Convocadas por Arturo Frondizi bajo la proscripción legal del justicialismo, la masa trabajadora pampeana acató la orden de Perón desde el exilio y se volcó masivamente al voto en blanco, que se consagró como la segunda fuerza política real de la provincia. Amit asumió el Ejecutivo en el marco de una democracia viciada, tutelada y censurada por el poder militar, cesando en 1962 cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al propio Frondizi.
●    En las elecciones de julio de 1963: Con la república nuevamente intervenida, la Junta Militar vetó de oficio a la fórmula del peronismo nucleada en la Unión Popular (Mariano Fernández – José Meana). En los comicios, la mayoría popular volvió a repudiar la farsa votando en blanco. Amit, candidato de la UCRI, no alcanzó los votos directos y fue consagrado en el Colegio Electoral gracias a un pacto político vergonzante: los 18 electores de la UCRI sumaron los 4 electores de UDELPA, el partido fundado por el general golpista Pedro Eugenio Aramburu.

Quien llegó a la gobernación provincial montado sobre las botas que persiguieron, encarcelaron y proscribieron al pueblo en los ’60, terminó de manera orgánica y coherente estrechando las manos del terrorismo de Estado en los ’80.

El pacto con Harguindeguy, el gobierno de facto de Telleriarte y la Subzona 14

El capítulo más sombrío que la placa de bronce pretende invisibilizar ocurrió a fines de 1980. En vísperas de que el general Roberto Viola asumiera la presidencia de facto y convocara a sectores civiles de derecha para copar los gobiernos provinciales, Ismael Amit —máxima autoridad y fundador del MOFEPA— selló el pacto en una audiencia formal el 9 de diciembre de 1980 con el general Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la junta militar genocida.

La plataforma ideológica y doctrinaria de ese acuerdo fue el manifiesto elaborado y distribuido por Amit a los mandos militares y a los diarios pampeanos en 1981: la «Propuesta a las Fuerzas Armadas». En ese texto, mientras los organismos de derechos humanos denunciaban el exterminio y las Madres de Plaza de Mayo marchaban bajo persecución, Amit definió a la dictadura militar como:

«...la única garantía de que continuará el clima de libertad, de paz interior...»

Y en un alarde descarnado de negacionismo militante, exigió textualmente:

«...no hablar de fantasmas, ni de aparecidos, sino de realidades...»

Pretendía, de puño y letra, garantizar la impunidad de las Fuerzas Armadas y sepultar el reclamo por las y los 30.000 detenidos-desaparecidos.

Ese acuerdo no fue una mera declaración testimonial: se tradujo en el ejercicio directo del poder dictatorial. Fruto de ese pacto cívico-militar, su correligionario y mano derecha en el MOFEPA, el contador Ricardo José Telleriarte, fue designado por la Junta Militar como interventor federal (gobernador de facto) de La Pampa entre marzo de 1981 y principios de 1983, prestando juramento sobre los Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional.

El MOFEPA copó la administración pública de facto: colocó a Eduardo Fraire en el Ministerio de Economía, integró los directorios del Banco de La Pampa y designó intendentes comisionados en diversas localidades del interior provincial.

Lejos del falso mito de «La Pampa como una isla», el gobierno civil de Telleriarte funcionó como el engranaje institucional, administrativo y presupuestario que sostuvo la impunidad de la Subzona 14, el aparato represivo clandestino comandado por criminales de lesa humanidad como Greppi, Baraldini, Reinhardt, Fiorucci, Reta y Aguilera.

Mientras Telleriarte recorría inauguraciones escolares y Amit pedía no hablar de «fantasmas», en General Pico la dictadura militar perseguía, allanaba y secuestraba a estudiantes y docentes de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), encarcelaba a trabajadores y sindicalistas, confeccionaba listas negras y mantenía el espionaje político e ideológico de la Dirección de Informaciones policiales (D2). El MOFEPA gobernó la provincia para lavarle la cara y oxigenar a la dictadura en su tramo final.

Esa pretensión de imponer una normalidad macabra se palpó en el territorio. Se vio, por ejemplo, en la inauguración de escuelas fundadas en dictadura bajo nombres impuestos por los militares —como la Escuela Nº 84, bautizada originariamente «Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires» en tributo al brigadier Osvaldo Cacciatore—, donde el propio interventor Telleriarte posaba para las cámaras de la prensa acariciando las cabezas de niñas y niños del jardín de infantes, algunos de ellos hijos de las mismas familias perseguidas o cesanteadas por el régimen. La perversión de hacer convivir a las víctimas con el poder de los victimarios en un mismo espacio público.

La penosa defección institucional: cuando se olvida a los propios perseguidos

Frente a esta densidad histórica irrebatible, la postal de este viernes en el Concejo Deliberante resulta dolorosa y políticamente incomprensible. ¿Qué hacía la conducción institucional del oficialismo local presente en el acto, prestando el edificio y convalidando semejante homenaje?

La contradicción raya el absurdo. Apenas en junio pasado, el propio cuerpo deliberativo debatió la iniciativa de particulares que pretendía imponer el nombre de Amit a la Terminal de Ómnibus de la ciudad y resolvió sensatamente mandarla al archivo definitivo mediante el Decreto Nº 19/26. ¿Cómo se explica que apenas dos meses después las autoridades institucionales del Concejo le abran las puertas de par en par a una placa en su propia sede, otorgándole legitimidad democrática a quien ellos mismos habían decidido no homenajear?

Quienes militamos en el movimiento de derechos humanos guardamos una afinidad histórica y entrañable con aquella militancia popular y con esa parte del peronismo que pagó con su libertad y con su propia vida la resistencia: el peronismo de las bases, de las juventudes perseguidas, de las cárceles de Ananía y de las compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por eso mismo indigna el doble observar a representantes institucionales del Frejupa actuar con semejante miopía y distracción.

¿Se trató de ingenuidad protocolar o de una alarmante falta de convicción y reflejos ideológicos? En tiempos donde el gobierno nacional despliega una ofensiva negacionista sin precedentes y desmantela las políticas de memoria, no se puede titubear. Convalidar acríticamente la rehabilitación de quienes justificaron el genocidio, trataron de «fantasmas» a los desaparecidos y cogobernaron con Harguindeguy es una afrenta a los mártires populares, a las víctimas de la Subzona 14 y a los organismos de derechos humanos.

Memoria sin concesiones

La oposición pampeana tiene todo el derecho democrático de ensayar los acuerdos que crea convenientes para disputar la provincia en 2027. Lo que no tiene derecho es a utilizar las instituciones de la democracia para reescribir la historia, falsear los orígenes de sus liderazgos y blanquear la complicidad civil con la dictadura militar.

En La Pampa sabemos con precisión quirúrgica lo que costó recuperar la democracia. Ningún bronce de ocasión ni ningún aniversario edilicio justifica el olvido ni la traición a los consensos éticos construidos en cuatro décadas. Quienes venimos de la lucha por los derechos humanos no vamos a callar: son 30.000, y no eran fantasmas.

(*) Politólogo en formación (UNTREF), militante de los Derechos Humanos e integrante de H.I.J.O.S. La Pampa.