La causa por la estafa en la compra de 1000 vacunos que conmocionó al sector ganadero de Rancul avanzó con la detención de dos implicados.

Ana Paula Courreges, de 37 años, e Iván Ezequiel Fiorini, de 38, ambos oriundos de General Pinto, Buenos Aires, se presentaron junto a sus abogados, Hernán y Jorge Salamone, ante la Fiscalía General de General Pico, donde declararon, y luego fueron sometidos a una audiencia de formalización de la investigación fiscal preparatoria, tras lo cual quedaron detenidos, acusados de estafas continuadas en calidad de coautores.

La denuncia, presentada por la firma “San Jorge” de Rancul, apunta a una maniobra que habría implicado una estafa millonaria, calculada en unos 800 millones de pesos. Según la acusación, los imputados habrían adquirido mil cabezas de ganado entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, abonando con cheques sin fondos, lo que derivó en la denuncia penal.

“Los animales salieron de distintos predios rurales con destino a campos de la empresa compradora, una sociedad anónima del rubro agropecuario radicada en General Pinto. Fueron pagados con eCheqs, cheques electrónicos, todos sin respaldo y rechazados por falta de fondos”, había informado en su momento el fiscal Matías Juan.

Las maniobras incluyeron múltiples transacciones de compra de hacienda, que habrían sido parte de una estrategia para simular un vínculo comercial estable, ganar confianza y luego concretar la estafa.

Arresto domiciliario

Durante la audiencia, el fiscal Juan solicitó que se impusiera prisión preventiva por 90 días a los detenidos, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de que intenten obstruir el curso de la investigación. Sin embargo, la defensa pidió la libertad bajo medidas sustitutivas.

La jueza Cardoso resolvió imponerles arresto domiciliario en General Pico por 90 días. Además, se les colocó una tobillera electrónica, y se dispusieron controles policiales periódicos para garantizar el cumplimiento de la restricción.

Antecedentes

La Fiscalía General de la II Circunscripción, bajo la dirección de Armando Agüero, investiga la cuantiosa estafa que afecta a una empresa del norte pampeano. Los registros bancarios de la firma implicada, con sede en Buenos Aires, indican una deuda acumulada de 2000 millones de pesos, lo que sugiere una operación fraudulenta sostenida a lo largo del tiempo, que podría haber afectado a otros proveedores del sector ganadero.

El caso se complica aún más, debido a la dispersión de los animales, que fueron distribuidos en distintos predios rurales, tanto en La Pampa como fuera de la provincia, lo que dificulta su localización y recuperación.

Rastreo de la hacienda

Actualmente, se trabaja en coordinación con el SENASA e inspectores provinciales para rastrear el recorrido de la hacienda.

(ElDiario)