En medio de la polémica por las privatizaciones con las que el gobierno nacional pretende recaudar entre este año y el siguiente alrededor de u$s 2300 millones, en Neuquén, la Fundación Soberanía amplió la denuncia por la que pide que se investigue, y en caso de que corresponda, se anule la privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, porque “responde a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político, todo ello en franca violación del bloque de legalidad administrativa”.

Fuentes del propio gobierno aseguran, por lo bajo, que existe un trasfondo político que deja liberados estos menesteres a un sector interno que esquiva a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. “No entiende de cuestiones técnicas como son las licitaciones”, dejan correr, con malicia.

Entre las firmas beneficiadas por la privatización que se solicita que sean citadas, se encuentra Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea. Según el escrito, se terminó de constituir “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”. La causa está siendo tramitada en el juzgado federal de General Roca, encabezado por el magistrado Hugo Greca.

En el documento al que tuvo acceso en exclusiva Ámbito, se describe una “cadena de ilegalidades”, que se compone de cuatro eslabones que apuntan directamente contra el ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

Elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación;
Subvaluación de activos gracias a la participación del BICE y la confesión de la finalidad recaudatoria;
La Identificación de los beneficiarios: El Mismo Patrón se Repite, y
La Consumación de la Ilegalidad: El concurso “Sin Base” y el Apuro Fiscal.

Tal como reveló Ámbito en una serie de artículos, el eje inicial de los cuestionamientos es el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación, bajo la conducción de Julio Villamonte. El TTN, que funciona dentro de la órbita de la cartera de Economía, quedó expuesto, de acuerdo con la presentación, porque no se respetaron los tiempos necesarios para que desarrolle la labor para la que fue creado, y a la vez, porque el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo no fue “una tasación objetiva, sino la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”.

La evidencia

“La secuencia temporal de las notas intercambiadas entre la Secretaría de Energía y el TTN, que se acompañaron oportunamente como prueba documental y que han sido publicadas en los medios de comunicación, demuestra una evidente falta de buena fe administrativa y la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”, concluye la presentación.

Acá es donde aparece el BICE, conducido por Maximiliano Voss. Esta entidad, cuya unidad de valuación recién acaba de cumplir un año desde su creación, es la encargada de reemplazar al TTN, por decisión de Caputo. Según la ampliación presentada por Soberanía, “se habría pretendido desplazar las competencias específicas de tasación de bienes del Estado hacia el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad financiera que orbita bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía, es decir, del propio órgano que impulsa, diseña y ejecuta el plan de privatizaciones, que además de ser su principal accionista designa a sus autoridades, configurando así una dependencia funcional y jerárquica que pulveriza cualquier atisbo de imparcialidad técnica”.

En esta línea, señala que el BICE no tiene competencia legal para tasar, y carece de independencia técnica, lo que da como resultado que “El Ministerio de Economía concentra las funciones de tasación, pliego, licitación y adjudicación en la misma estructura, propiciando riesgos severos de subvaluación patrimonial y opacidad procedimental, bajo la conducción de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

La urgencia recaudatoria, combinada con la falta de independencia del tasador “genera un cóctel perfecto para la subvaluación de los activos y el consiguiente perjuicio al erario público”.

Subvaluación de empresas

Por último, la denuncia señala que el elemento que cierra el sistema es “la Metodología de Subvaluación (Flujo de Fondos) y el Peligroso Antecedente de la AGN”. La presentación hace referencia a pesar de que Villamonte alega que el sistema de flujo de fondos es el idóneo para este tipo de tasaciones de empresas públicas a privatizar, en realidad “no constituye una tasación en los términos del TTN, sino un mero ejercicio financiero de ‘ganancias hipotéticas’, tal como lo ha señalado el Ing. Daniel E. Martín, Miembro del TTN (y autor del libro ‘Ingeniería en Tasaciones’)”.

Justamente, como queda expuesta en la referencia la cita es de Daniel Martín, quien actualmente compone el tribunal que conduce Villamonte. Esas líneas contradicen lo que intenta implementar su jefe.

En ese sentido, la denuncia repasa casos en los que el propio TTN usó un método distinto al cual hoy reivindica Villamonte. “El método de FFD no se puede considerar un método objetivo, y no es una tasación. Esta afirmación no es una mera opinión técnica. El propio TTN, en sus informes de tasación, ha sostenido que el método del valor sustantivo o patrimonial es el más adecuado para valuar empresas, y ha explicado las razones por las cuales la metodología de Flujo de Fondos Descontados no es apropiada”.

La Norma 20.1 del Tribunal de Tasaciones, en su punto 4 (“Expropiación de empresas”), recomienda expresamente “utilizar el método patrimonial en casos de expropiación, citando la Ley N° 21.499 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 240:18 y 305:1897), que establece que la indemnización no debe incluir ‘ganancias hipotéticas’”.

Los Neuss, otra vez

El documento cierra aludiendo a las empresas beneficiadas, remarcando que se repiten lo que termina conformando un patrón de conducta. “Alicurá y Cerros Colorados: adjudicadas a Edison Inversiones S.A.U., grupo liderado por los hermanos Patricio y Juan Neuss, señalados como personas con “vínculos de amistad con el asesor presidencial Santiago Caputo. El Chocón-Arroyito: adjudicada a BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea. Piedra del Águila: adjudicada a Central Puerto S.A., la misma empresa que se benefició de la subvaluación de las centrales térmicas. Sus principales accionistas son Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escassany”.

Es por eso que la Fundación Soberanía solicitó que citen a los empresarios mencionados, y que anulen las privatizaciones.

(Ámbito)