Los denunciantes estiman que un 35 por ciento de los integrantes de la delegación piquense, en la que se desempeñan un total de 14 empleados y profesionales, han recibido licencias médicas y están medicados. Y responsabilizan por ello a las actitudes violentas de Mascaró.

En el documento que hicieron público en las últimas horas, trabajadores y profesionales de la agencia local del PAMI denunciaron “una situación insostenible de violencia laboral, maltrato cotidiano y persecución ideada por la conducción de la delegación”.

“La gravedad del clima laboral ha vaciado áreas críticas del Centro de Atención al público, dejando la atención de los jubilados en una situación de extrema vulnerabilidad”, afirmaron.

“Actualmente, un porcentaje inédito del personal se encuentra bajo licencia psiquiátrica prolongada, otorgada por diferentes especialistas de General Pico y Santa Rosa, debido a cuadros severos de estrés y ansiedad”, revelaron.

“La ola de licencias de personal de carrera incluye renuncias efectivas de profesionales médicos y administrativos, que manifestaron la imposibilidad de retornar a sus puestos bajo las condiciones actuales de hostigamiento”.

Los integrantes de la delegación que resolvieron hacer pública la grave situación, pidieron anonimato “por temor a represalias directas. La jefatura de la agencia —a cargo de una profesional sin experiencia laboral previa— impone de manera sistemática criterios personales por encima de las normativas internas y resoluciones vigentes del instituto”.

Quienes se desempeñan en la oficina señalan que ante cualquier disidencia o consulta técnica, “la respuesta patronal se limita a amenazas de sanciones o invitaciones abiertas a la renuncia”.

Los afectados ya han recurrido a la Dirección de Recursos Humanos de PAMI para activar los protocolos correspondientes ante situaciones de violencia laboral.

Sin embargo, las respuestas institucionales consistieron en presiones para firmar "consentimientos de convivencia" en buenos términos, minimizando las denuncias de maltrato sistemático, como una forma de cubrir las decisiones de Mascaró, una abogada de unos 30 años, prácticamente sin experiencia, que se unió a La Libertad Avanza.

Los trabajadores revelaron también que “ante el rechazo a las alternativas ofrecidas, los expedientes fueron derivados a asesoría legal y recursos laborales, sin que hasta el momento se apliquen medidas de resguardo para las víctimas”.

“Las juntas médicas del organismo a nivel central han manifestado su incertidumbre respecto a los plazos de autorización de las licencias, mientras que el 80% del personal local restante asiste a cumplir tareas con un profundo temor a perder su fuente de trabajo, en un contexto socioeconómico complejo”.

“Asimismo, los denunciantes advierten sobre un presunto "blindaje político" de la funcionaria a cargo, debido a su rol partidario activo como vicepresidenta de La libertad Avanza en la provincia, lo que explicaría la inacción de las autoridades centrales de PAMI para intervenir la agencia”.

“Frente a la parálisis interna del organismo, los trabajadores damnificados confirmaron que realizarán presentaciones formales ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo, para exigir el cese inmediato del hostigamiento, y garantizar el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia”.

Grave conflicto de intereses

A la par del maltrato, las mismas fuentes señalaron una presunta y grave incompatibilidad funcional: la Jefa de la oficina local, Sofía Mascaró de Garate, es hija de un cardiólogo piquense y de una médica propietaria del instituto de diagnóstico por imágenes más reconocido de la ciudad, (DIM), siendo ambos importantes prestadores activos de la obra social PAMI.

La situación genera una abierta contradicción con la Ley de Ética Pública, dado que la funcionaria tiene bajo su órbita la gestión, auditoría y control de las prestaciones y derivaciones que benefician directamente al patrimonio de su núcleo familiar, lo que explicaría -aseguran-, el sistemático hostigamiento hacia el personal administrativo médico de carrera que intenta aplicar los reglamentos vigentes.