La Dirección General de Defensa del Consumidor aplicó 170 nuevas sanciones a distintas empresas de La Pampa o de otros puntos del país.

La suma de las multas ascendió a 120.100.000 pesos, un promedio de 705.000 pesos por cada sanción. Las novedades, publicadas en el Boletín Oficial de este viernes, fueron informadas por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, quien indicó que se trata de sanciones aplicadas en los últimos seis meses.

El ministro indicó a la Agencia Provincial de Noticias que “en momentos complicados para el bolsillo de las y los pampeanos por la actual situación económica que golpea y ante posibles abusos de las empresas, el trabajo de las oficinas de Defensa del Consumidor es importantísimo para defender sus derechos”.

Y agregó: “Hay un incremento de denuncias en los últimos años y esta herramienta es parte de la política del gobernador Sergio Ziliotto en defensa de la gente. El Estado está a su servicio para frenar los abusos”.

Entre los principales rubros de las firmas que recibieron multas por no cumplir con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor se destacan los planes de ahorro de vehículos, servicios financieros y viajes y turismo. También hubo repetidos incumplimientos de empresas fabricantes de casas prefabricadas, servicios de telefonía, transporte o aerolíneas, venta online de indumentaria y comercializadoras de electrodomésticos.

La Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) establece un procedimiento con dos partes bien diferenciadas. En la primera etapa denominada de mediación se prevé la oportunidad de que el denunciante solucione su inconveniente de común acuerdo con el proveedor denunciado, principalmente por audiencias de conciliación celebradas en esta oficina. Si existe acuerdo el expediente culmina y el consumidor ve resuelto su reclamo. En esta etapa se pone el mayor esfuerzo.

Si la conciliación no es posible, el consumidor tiene la posibilidad de continuar su reclamo en la vía judicial y la Defensa del Consumidor pase el expediente a una etapa denominada sumarial. En esta etapa se evalúan las posibles infracciones a la ley de Defensa del Consumidor mediante una imputación a las empresas que correspondan.

Las empresas tienen su derecho constitucional de defensa y posteriormente se determina la correspondencia o no de las sanciones previstas en dicha ley y que luego se ven publicadas en el Boletín Oficial. La ley de Defensa del Consumidor autoriza sanciones que van desde el apercibimiento hasta las multas económicas.

El monto de la sanción depende de múltiples factores a tener en cuenta: el hecho generador de la sanción, los daños ocasionados al consumidor, la envergadura de la empresa (si es una empresa local, es nacional, o es una multinacional), los antecedentes de sanciones previas en esta dependencia, entre otros.