Luego de años de trabajo colectivo, se conformó oficialmente la Asociación Civil de Defensores Públicos de la provincia de La Pampa, una iniciativa que busca fortalecer y jerarquizar el rol de quienes garantizan el acceso a la justicia a las personas más vulnerables del sistema penal y civil.

La flamante entidad tiene alcance provincial, y reúne a defensoras y defensores de distintas localidades pampeanas.

La presidenta electa es la abogada María Antonella Marchisio, de Santa Rosa, mientras que la vicepresidencia quedó en manos del abogado piquense Walter Vaccaro, con una extensa trayectoria en la defensa pública.

En una entrevista con el periodista Christian Caluori para el programa “Esto es un Quilombo” de Radiofónica 96.9 Pico, los integrantes de la comisión directiva, Alejandro Caram y Walter Vacaro hablaron, sobre los orígenes de la asociación, sus objetivos y la importancia de su creación.

“Después de tantos años de encuentros y conversaciones entre colegas, pudimos concretar esta organización que nos nuclea y nos representa en toda la provincia”, explicó Vaccaro.

La asociación está conformada por 38 integrantes, entre defensores titulares y adjuntos, tanto del fuero penal como civil, distribuidos en toda la provincia. El objetivo central es lograr una mayor autonomía e independencia funcional y financiera del Ministerio Público de la Defensa.

“Venimos peleando por esto desde hace muchos años. En su momento, los fiscales fueron jerarquizados y nosotros seguimos reclamando por nuestra propia estructura, con recursos, equipos técnicos y peritos propios. La defensa pública no puede ser efectiva sin esas herramientas”, destacó Vaccaro.

Si bien el derecho a la defensa está constitucionalmente garantizado, los referentes de la nueva asociación remarcan que la famosa "igualdad de armas" aún no se cumple plenamente.

Mientras que las fiscalías cuentan con oficinas especializadas, psicólogos, investigadores y recursos humanos propios, las defensorías muchas veces deben recurrir a consultas externas o resolver con medios limitados.

“No sólo trabajamos en lo penal, también hay una enorme carga en lo civil. Además, nuestra labor no termina con la sentencia: seguimos durante todo el cumplimiento de pena, incluso en causas que llegan hasta la Corte Suprema”, agregaron.

La comisión directiva está integrada, además, por Claudio Martínez Sabio (secretario), Paula Lorena Arrigone (tesorera), y vocales de diferentes puntos de la provincia, como Victorica, General Pico, General Acha, Toay y Santa Rosa. También se conformó la Comisión Revisora de Cuentas, con tres miembros titulares y suplentes.

Actualmente se están realizando los trámites administrativos ante la Dirección de Personas Jurídicas, para obtener la personería jurídica y comenzar a actuar formalmente como asociación civil.

“Lo que buscamos es visibilizar nuestro trabajo, fortalecer nuestras herramientas, y lograr una defensa pública que esté realmente a la altura de lo que exige la Constitución y la sociedad. En otras provincias, con el sistema acusatorio, jueces, fiscales y defensores ya están equiparados. Es hora de que en La Pampa también lo estemos”, concluyeron Caram y Vaccaro.