La decisión implica que los pacientes ya no podrán acceder a consultas por guardia en esos establecimientos, y que solamente se garantizará la atención de urgencias y emergencias.

La medida fue adoptada por los prestadores privados de las cuatro provincias patagónicas, que vienen reclamando por la situación económica y las condiciones de contratación con el PAMI.

De esta manera, miles de afiliados se ven afectados por las restricciones en la atención, mientras continúa el conflicto entre las clínicas y la obra social nacional.

Hasta el momento, la atención de las emergencias seguirá asegurada, aunque no se descarta que puedan profundizarse las medidas de fuerza si no se alcanza una solución.

(DiarioTextual)