Un conjunto de clínicas, sanatorios y hospitales privados de La Pampa, Chubut, Río Negro y Neuquén, elevó este miércoles una nota formal al director ejecutivo de la obra social de jubilados Pami, Esteban Leguizamo, en la que advirtió una situación de “extrema gravedad” financiera, y anticipó que si no hay una respuesta inmediata por la deuda y la actualización de aranceles, suspenderá prestaciones desde el próximo 10 de febrero.

Entre los firmantes de La Pampa se encuentran el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina, la Clínica Modelo y la Clínica Regional.

En la presentación, los prestadores señalaron que la situación económico-financiera es “sumamente crítica”, y atribuyeron ese escenario a una “depreciación sostenida de los valores arancelarios” y al atraso en los pagos, un problema que, según indicaron, se profundizó en los últimos dos meses.

Afirmaron que el impacto es determinante para la subsistencia de las instituciones, porque la participación del Pami en los ingresos totales representa, en promedio, el 40%. En ese marco, remarcaron que “cualquier demora en los pagos genera desequilibrios de muy difícil resolución” para los centros de salud.

Uno de los puntos más delicados del planteo, es la dificultad para afrontar las obligaciones laborales. Las clínicas indicaron que dependen del cobro de la facturación de los módulos de Nivel II y III para pagar los salarios del personal, que históricamente se abonan el último día hábil de cada mes.

En ese sentido, sostuvieron que el corrimiento de las fechas de pago por parte de la obra social implica, en muchos casos, “la imposibilidad material de abonar los haberes”, con consecuencias directas en el funcionamiento diario.

Además, advirtieron que existe un atraso de un mes en el pago de las prestaciones ambulatorias, y una pérdida del valor real de los módulos frente a la inflación.

El ultimátum y el esquema de suspensión progresiva

Ante la falta de respuestas, los prestadores fijaron una fecha límite. Si no se regulariza la deuda ni se obtienen definiciones concretas, la limitación de servicios comenzará el 10 de febrero.

La medida se aplicará de manera progresiva, y se iniciará con la suspensión de prestaciones ambulatorias y programadas, con el objetivo de preservar, en la medida de lo posible, la atención de urgencias.

Los prestadores aclararon que la decisión no responde a una medida de fuerza gremial ni a una voluntad deliberada, sino a la “consecuencia inevitable” de la imposibilidad de sostener los costos operativos.

Advirtieron, además, que si se mantiene el silencio oficial, “la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable”, con un perjuicio directo para jubilados y pensionados de la región.

En la nota, las instituciones reclamaron tres puntos concretos:

La regularización inmediata de la deuda existente.

Una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad.

La reactivación de una mesa técnica de trabajo para adecuar los aranceles.