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  DOMINGO 22/11/2026
Causa $LIBRA: las recusaciones contra dos jueces de Casación ponen en suspenso el regreso de las víctimas como querellantes
Las defensas de Mauricio Novelli y uno de los inversores afectados buscan apartar a los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci por conflictos de interés.

La definición de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la reincorporación de los querellantes en la causa $LIBRA se encuentra frenada por dos planteos, que apuntan a recusar a dos de los jueces por acusaciones de imparcialidad.

Los escritos que fueron presentados en los últimos días abren interrogantes sobre la conformación de la Sala II, que tiene actualmente a los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.

Por un lado, Mauricio Novelli, uno de los once imputados que fue sobreseído, presentó un escrito en el que pidió apartar a Ledesma, debido a su cercanía con dos organizaciones judiciales que intervinieron en la causa.

A este se sumó otro planteo de Juan Patricio Marchetto, uno de los cinco afectados por la presunta criptoestafa, que busca sacar al juez Yacobucci, porque su hijo tiene un cargo en el Ministerio de Justicia de la Nación.

Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que aún no hubo una definición sobre qué pasará con los magistrados. La decisión recae principalmente en Slokar, el único de los tres de la Sala II que no recibió objeciones.

Vínculos institucionales que ponen en duda a Ledesma y Yacobucci

Los dos magistrados quedaron en la mira luego de que el pasado 4 de noviembre, Ledesma votó en mayoría junto a Slokar por habilitar las quejas de los damnificados que habían sido apartados del expediente, y abrió una nueva posibilidad de que puedan ser querellantes. Yacobucci fue el único que votó en disidencia para no permitirlo.

Tras este fallo, la defensa de Novelli presentó un escrito para recusar a la jueza por su vinculación con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), dos instituciones que intentaron ser parte de la causa.

Ambas entidades quisieron constituirse como querellantes en el caso. Además, después de la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de cerrar el caso, pidieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que asuma el ejercicio de la acción penal, para evitar el cierre de la investigación del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

Para la defensa de Novelli, el vínculo de Ledesma con esas instituciones representa un motivo suficiente para poner en duda su imparcialidad. En particular, señaló que el INECIP y el CIPCE habían expresado públicamente su oposición al fallo que dejó afuera a los damnificados, una cuestión concreta que debe resolver la camarista.

Además, mencionó que la jueza tiene antecedentes de apartarse en otros casos en los que tuvieron un rol las organizaciones.

El segundo planteo fue presentado este lunes por Marchetto, con el patrocinio de los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, contra el juez Yacobucci. El escrito fundamenta su pedido de recusarlo debido a que su hijo tiene relación con el Gobierno.

El pasado 29 de septiembre, Ignacio Martín Yacobucci fue designado al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que funciona bajo la órbita directa del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Se trata de un cargo jerárquico “de libre designación y remoción” dispuesto por el Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, quien es uno de los principales investigados por haber promocionado la presunta criptoestafa.

“La relación del Ministerio de Justicia con esta causa resulta evidente desde un análisis objetivo”, dice el escrito presentado por la defensa de Marchetto.

Además, resaltaron que el área que conduce el hijo de Yacobucci tiene competencias directamente vinculadas con uno de los aspectos centrales de la investigación: el posible lavado de activos.

(AgenciaNA)

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