“El proyecto de Milei deja en libertad la adquisición de tierras argentinas por parte de empresas de otros países. ¿Alguien cree que el ganado o las cosechas de empresas extranjeras que se produzcan en Argentina van a ingresar a sus países con las mismas condiciones impositivas o arancelarias que las de los productores argentinos?”, cuestionó el legislador nacional.

“Nadie puede hacerse el distraído. Nuestros productores e industrias se asoman a un abismo con esta política de entrega de soberanía y de recursos naturales”, resaltó.

En la actualidad, la Ley de Tierras establece un límite porcentual a la tenencia de tierras rurales: los inversores extranjeros no pueden poseer más del 15 % de la titularidad de dominio de tierras en territorio nacional, provincial o municipal.

También dispone que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30 % de ese 15 % permitido y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o una superficie equivalente, según la ubicación territorial.

Además, el Gobierno nacional y sus aliados pretenden eliminar la protección de las tierras con cuerpos de agua y de las zonas de seguridad de frontera.

Hoy existe una legislación vigente para proteger el territorio, la soberanía y, especialmente, los recursos naturales.

El Gobierno nacional busca eliminar los porcentajes y topes de superficie. Además, cambia la definición de sujeto extranjero, limitándola solamente a los Estados y legalizando el “control de hecho” por parte de grandes capitales privados, fondos de inversión y corporaciones internacionales, es decir, los actores que lideran la extranjerización real.

“Defender la soberanía es pensar en nuestra economía, en nuestros productores, en los trabajadores y en las familias que verán peligrar su sustento. Debemos privilegiar a nuestra producción nacional y engrandecerla, en vez de aceptar que desaparezca”, agregó.

El senador reiteró su advertencia sobre lo que representan, en conjunto, las modificaciones a la Ley de Tierras y los cambios en la Ley de Glaciares. “Si el propio Estado nacional no puede hacer cumplir que Mendoza envíe agua a La Pampa, según el caudal establecido por la Justicia, menos aún podrá garantizar que a nuestra provincia siga llegando agua del río Colorado si una empresa extranjera compra glaciares mendocinos”, dijo Bensusán.