Luego de tres meses de espera y una resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que obligó al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) a romper el silencio, el organismo respondió el pedido de informes de la Coalición Cívica ARI sobre la situación del barrio Malvinas, ratificando que no es de su competencia intervenir en mejoras para los graves problemas de infraestructura.

Según interpretó la agrupación política, la respuesta de la presidenta Erica Riboyra insiste en que al IPAV no le corresponde tomar intervención, admite que desde hace muchos años no da respuestas a los pedidos en ese sentido, pero expone cuestiones técnicas legales que generan dudas.

El referente de la CC ARI e impulsor del pedido de informes, Julián Angelucci, consideró que la información obtenida expone al IPAV, y contradice su posición de incompetencia para dar respuesta a las familias que viven en el Malvinas y toda la comunidad piquense.

Sin escriturar

Señaló que Riboyra, en la respuesta reconoció que el 51% de las viviendas (unas 332 unidades) aún no han sido escrituradas, y permanecen bajo titularidad registral del IPAV, por lo que el Instituto es propietario mayoritario del complejo, y por ende responsable directo de la situación.

Además, hay un 30% de unidades adjudicadas que aún continúan pagando sus cuotas, a pesar de las graves deficiencias internas, tales como filtraciones de agua, desintegración de paredes y riesgos eléctricos.

Desde el ARI aseguran que el IPAV confesó oficialmente que no ha realizado ningún estudio técnico, evaluación ni diagnóstico estructural en el barrio en los últimos diez años.

También, que admitió que no posee ningún plan, proyecto ni estrategia para la mejora o transformación del complejo habitacional, como tampoco para la regularización dominial y escrituración definitiva.

Barandas y pasamanos

Angelucci mencionó, además, que entre los documentos entregados figura un reclamo urgente de la Municipalidad de General Pico del año 2021, solicitando la colocación de barandas y pasamanos por el riesgo real de seguridad para personas con discapacidad, pedido que el IPAV ignoró sistemáticamente.

A partir de la respuesta e información obtenida, Angelucci indicó que “es una pena y una irresponsabilidad que Erica Riboyra y el IPAV elijan desentenderse del problema. Por ley están obligados a trabajar en el mejoramiento de las viviendas existentes, y a proveer infraestructura comunitaria. Lo que no pueden hacer es lavarse las manos como si fueran una constructora privada que terminó una obra hace 40 años. Son el Instituto Provincial de la Vivienda, tienen que hacerse presentes y dejar de incumplir sus deberes de funcionarios públicos”.

Desde la Coalición Cívica ARI informaron que durante todo el mes de febrero trabajarán en la elaboración de un proyecto, para que se reconozca la emergencia habitacional y edilicia del Malvinas, se realice la evaluación estructural y de riesgos, y el IPAV lidere un plan serio de rehabilitación y mejora del barrio.

(ElDiario)