Investigadores del Conicet elaboraron un mapa interactivo donde ponen el foco en la propiedad del suelo argentino, en un contexto donde la gestión de Javier Milei insiste con derogar la denominada Ley de Tierras (Nº 26737).

El trabajo fue realizado por el Observatorio de Tierras, particularmente por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del Conicet, e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (Milpa), y al que tuvo acceso el diario La Arena.

“La búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”, advirtieron.

El mapa interactivo que confeccionaron, muestra a La Pampa con dos departamentos en “amarillo”.

Las estadísticas oficiales, actualizadas en agosto de 2025, señalan que en Argentina hay una superficie rural de 266.643.212,84 hectáreas, de las cuales 13.262.725,64 están en manos extranjeras (4,97%). Es preciso recordar que la normativa vigente establece “un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel departamental”.

En el desglose por provincia, se observa que La Pampa presenta una superficie de 14.281.146,41 hectáreas, de las cuales 345.811,30 están en manos foráneas. Se trata de un 2,42% e implica un incremento del 0,3% en relación a la cifra de 2022, cuando se registraron 340.780,38 (2,39%).

Con estos números, es la quinta provincia con menor extranjerización, superada únicamente por Santa Fe (1,71%), Formosa (1,80%), Río Negro (1,80%) y Córdoba (1,81%).

Atreucó y Loventué

Se observa que hay dos departamentos que superan el promedio nacional. Uno de ellos es Atreucó, que posee 26.586,66 hectáreas en poder de extranjeros sobre un total de 357.117,30 (7,44%).

El otro es Loventué con 53.277,98 sobre una superficie de 922.703,65 (5,77%).

Ya en su momento, tras la asunción de Milei y su primer embate contra la ley, desde el Ejecutivo provincial habían advertido que implicaba que “cualquier extranjero puede comprar lo que quiera en nuestro país, incluso tierras limítrofes. Derogar la Ley de Tierra equivale a poner a la Argentina, y por ende a La Pampa, en venta y barata”.

Caggiano y Oberlin señalaron que “con la asunción de los nuevos diputados y senadores, y aprovechando el momento político de ofensiva, el gobierno anunció el envío de proyectos clave, entre ellos, la derogación definitiva de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras de 2011”.

Recordaron que La Libertad Avanza ya lo había intentado en 2023 con el DNU 70, pero se frenó gracias a un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim).

“El gobierno nacional sostiene en su página que ninguna provincia excede el límite del 15%. Entonces, ¿por qué se esfuerzan tanto en derogar la ley?”, se preguntaron.

Equivalente a Inglaterra

Los investigadores señalaron que “a nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de Inglaterra”.

Sin embargo, afirmaron que “el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante. La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero”.

Según precisaron, actualmente hay 36 departamentos “que ya exceden el límite fijado por la ley. Y hay cuatro casos -Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)- donde la extranjerización supera el 50%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales.

Zonas fronterizas: punto clave

A su vez, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) -todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná- superan ampliamente el 30%. El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas -tanto en el norte como en la cordillera- y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos”.

EEUU, Italia y España

Los investigadores precisaron que, en cuanto a las nacionalidades, “el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses, con más de 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia y España. Sólo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán”.

Advirtieron que la derogación “apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos, o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas, supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana”.

Recursos naturales de América Latina

También señalaron que se da en un “escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos. El reciente corolario de Trump a la Doctrina Monroe expresa un cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional, orientado a asegurar su acceso a los recursos naturales en América Latina. En ese marco, estas decisiones pueden leerse como una redefinición de quién controla territorios clave hacia adelante”.

Proceso contemporáneo de extranjerización

Los investigadores Matías Oberlin y Julieta Caggiano elaboraron una síntesis histórica previa a la sanción de la Ley de Tierras en 2011. Dicha normativa fue la que permitió poner límites a la extranjerización del suelo en el país.

La intención fue “dimensionar lo que está en juego”. “Un punto de quiebre en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros años, la SSI autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas históricamente protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos”.

Lewis y Benetton

Dicha normativa fue “ampliamente vulnerada en la década de los noventa con ventas irregulares y triangulaciones”. Los investigadores mencionaron dos de los casos más emblemáticos: “El de Lago Escondido en Río Negro -adquirido por el magnate británico Joe Lewis- y el de las tierras patagónicas compradas por Luciano Benetton, de nacionalidad italiana”.

Luego, en los 2000, señalaron que “con el boom internacional de los precios de los alimentos, el valor de la tierra se disparó, y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. En este escenario, en 2011 se sancionó la Ley de Tierras, que fijó un límite de extranjerización de tierras de un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental, y fortaleció los mecanismos de control para evitar triangulaciones sin supervisión estatal”.

Macri y la flexibilización

Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, en 2016 se dictó el decreto 820, que “modificó la aplicación de la Ley de Tierras”. La norma “flexibilizó los procedimientos, habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras, e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero”.

“En la práctica, estos cambios facilitaron operaciones que antes estaban sujetas a control, y fundamentalmente, modificaron la forma de medir la extranjerización en casos de sociedades, sucesiones, condominios o participaciones indirectas. Como consecuencia, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022, se observa una baja en los porcentajes de tierras en manos extranjeras que no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”, completaron.

Aumento en dos departamentos

El aumento en el porcentaje de tierras en manos extranjeras que experimentó La Pampa entre 2022 y agosto de 2025, último dato disponible, se explica particularmente por dos departamentos: Caleu Caleu y Maracó, donde en total se vendieron 5.045. A su vez, en Chapaleufú hubo un pequeño descenso, de 775 a 761 hectáreas.

En el caso del primero, pasó de 11.927 hectáreas bajo dominio foráneo sobre un total de 906.836, lo que representaba un 1,32%, a 16.948,15 (1,87% de la misma superficie) en 2025. El aumento fue de 0,55%.

Departamento Maracó

En el departamento Maracó, sobre una superficie de 254.338 hectáreas, había 3.111 en manos extranjeras (1,22%). Las últimas estadísticas reflejan que subió al 1,23%, al contar con 3.135,17 hectáreas extranjerizadas el año pasado.

El resto de los departamentos mantuvo sus estadísticas. Quemú Quemú presenta el 3,59% (9.163 sobre 255.218), Lihuel Calel el 3,49% (43.465 sobre 1.244.777), Utracán el 3,34% (43.211 sobre 1.294.838), Curacó el 3,26% (41.909 sobre 1.285.738) y el departamento Toay el 3,08% de las hectáreas en manos foráneas (15.652 sobre 508.508).

Luego sigue Puelén con el 2,85% (36.968 sobre 1.298.391), Chical Co con el 2,39% (21.763 sobre 911.665), Hucal con el 1,28% (7.720 sobre 603.000) y Catriló con el 1,16% (2.960 sobre 255.192).

Por debajo del 1% se ubica el departamento Capital con el 0,91% (2.274 sobre 249.761), Limay Mahuida con el 0,74% (7.421 sobre 997.643), Guatraché con el 0,71% (2.500 sobre 351.296), Chalileo con el 0,61% (5.429 sobre 891.554), Rancul con el 0,57% (2.795 sobre 492.213), Chapaleufú con el 0,30% (pasó de 775 a 761 sobre 256.514), Conhelo con el 0,25% (1.271 sobre 504.154), Realicó con el 0,16% (390 sobre 244.400) y Trenel con el 0,10% (203 sobre 195.279).