Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad detalla el avance de los juicios por delitos cometidos durante la última dictadura. Actualmente hay 12 juicios en trámite en diferentes provincias, y más de 280 causas en etapa de preliminar.

A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Justicia argentina dictó 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde 2006, en las que fueron condenadas 1.231 personas. La información se desprende del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) del Ministerio Público Fiscal (MPF), que también arrojó que más del 84% cumple su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Los datos reflejan el avance sostenido de los juicios, luego de la anulación de las leyes de "Punto Final" (23.492) y "Obediencia Debida" (23.521), en 2003, que habían frenado los procesos judiciales contra militares e integrantes de las fuerzas de seguridad acusados. Desde entonces, el país desarrolló uno de los procesos judiciales más extensos en materia de derechos humanos a nivel global, con cientos de investigaciones en curso en tribunales de diferentes provincias, y miles de víctimas reconocidas.

De acuerdo al relevamiento de la PCCH, los procesos derivaron en las condenas de 1.231 personas, 250 absoluciones, 102 sobreseimientos y a 172 acusados se les dictó la falta de mérito. En estos años fueron investigadas 3.897 personas, de las cuales actualmente hay 504 que están detenidas por estos crímenes -que incluyen secuestros, torturas, desapariciones forzadas, violaciones y homicidios-, y 425 de ellas encuentran bajo arresto domiciliario, lo que representa el 84.33%.

De las restantes, 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, y 18 permanecen privados de su libertad en diferentes establecimientos carcelarios. En mayo del año pasado, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió a los represores que se encontraban presos en la Unidad 31 de Ezeiza, a las instalaciones ubicadas en el partido bonaerense de San Miguel.

La decisión estuvo motivada con el fin de realizar reformas en ese centro penitenciario, para comenzar a alojar allí a mujeres y detenidos de “alto perfil”, principalmente por delitos vinculados al narcotráfico. Entre los trasladados figuran Alfredo Astiz, alias "El Ángel de la Muerte", ex espía que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo, y fue sentenciado por desapariciones y torturas en la ESMA; Mario “El Cura” Marcote, exmiembro del Servicio de Informaciones santafesino; y Julio César Argüello, excabo de la Brigada de Investigaciones bonaerense, culpable por delitos en el “Circuito Camps”.

Además, fueron llevados a Campo de Mayo, Carlos Suárez Mason (hijo), condenado por crímenes en la ESMA; Honorio Carlos Martínez Ruíz, por delitos cometidos en "Automotores Orletti"; y Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en ese centro clandestino, y que murió meses después en su casa, tras haber recibido el beneficio a prisión domiciliaria. Esta cuestión tomó estado público al retomar el capítulo que se abrió en 2024, cuando todos ellos fueron visitados en Ezeiza por un grupo de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA).

En este contexto, 1.582 investigados permanecen en libertad. La representación gráfica de las personas detenidas y libres, muestra que en 2026, la brecha entre ambas cifras es la mayor del registro histórico que lleva la Procuraduría desde 2015, provocada por la sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas.

Causas en trámite, delitos sexuales y otros datos

De acuerdo con los datos oficiales, hay 282 causas que se encuentran en etapa de investigación preliminar. Tanto en estas causas como las que están en debate, la cantidad de personas procesadas es de 292, y en los expedientes en investigación, hay 517 personas imputadas por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

Entre otras de las estadísticas destacadas, se informó que la cantidad de prófugos se mantiene estable, respecto de registros anteriores, con 33.

Por otro lado, el reconocimiento de delitos de violencia sexual que se cometieron durante el Gobierno de facto de la última dictadura, quedó plasmado en 61 de las 361 sentencias que se dictaron desde 2006, en distintos tribunales del país. Del universo de 1.231 condenados, 174 lo fueron por crímenes relacionados a este tipo de delitos -y 45 personas que fueron acusadas por estos cargos, resultaron absueltas-.

De acuerdo con los fallos judiciales, estos hechos de agresión sexual tuvieron como víctimas al menos a 230 mujeres y a 40 varones. Si bien las primeras sentencias por crímenes de lesa humanidad fueron dictadas en 2006, la primera vez que empezaron a pronunciarse en estos juicios delitos contra la integridad sexual, fue la condena a prisión perpetua del suboficial de la Armada, Rafael Molina, dictada en 2011 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Actualidad: Juicios en Mendoza y Bahía Blanca

El 13 de marzo pasado, la Justicia avanzó en otras dos causas, en las que se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional". En Mendoza, el Juzgado Federal N°1 dictó el procesamiento de 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, por delitos contra 56 niños y adolescentes.

Entre los procesados, se encuentran los exmiembros del Departamento de Informaciones Policiales, Omar Pedro Venturino Amaker, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Pablo José Gutiérrez Araya, Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Rubén Darío González Camargo, Julio Héctor La Paz Calderón, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, José Esteban Roccato Villegas, José Lellis Sosa Córdoba, Miguel Ángel Salinas y Abelardo Santiago Garay Mauceri; y otros pertenecientes a la IV Brigada Aérea, Juan Carlos Santamaría Blasón, Alberto Raganato Leo y Néstor Carmona Barroso.

La mayoría de ellos ya habían sido juzgados o condenados en otros procesos por delitos durante la dictadura, pero esta causa comenzó en 2025, tras un requerimiento del MPF. Los fiscales agruparon las imputaciones en cinco tipos distintos: Niños abandonados a su suerte (tras los secuestros de sus padres); Violencia directa contra menores (agresiones físicas y amenazas para presionar a sus padres); Delitos cometidos durante los operativos; Niños retenidos por el aparato represivo; y Delitos contra la identidad (apropiación, sustracción u ocultamiento de menores de 10 años, y alterar su estado civil).

Por otro lado, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca pidió la elevación a juicio de seis exmilitares: Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Sierra y Norberto Eduardo Condal (del Comando del V Cuerpo del Ejército), y Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre (del Destacamento de Inteligencia 181).

Todos están acusados por violación de domicilio y privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por haber sido perpetrada con amenazas y violencia, y según los casos, por su duración mayor a un mes, en concurso real con imposición de tormentos agravados por persecución política contra 30 docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur, de los cuales algunos de ellos debieron exiliarse.

(Federico Perez Vecchio – Perfil)