Hernán Pérez Araujo cuestionó al Gobierno de la provincia de Mendoza y reclamó que el laudo no se concrete y que simplemente se cumpla lo que por mayoría decidieron los gobernadores en el Consejo de Coirco.

“Este viernes vencería el plazo del ‘pronto despacho’ solicitado por el Gobernador de Mendoza ante la decisión de Coirco sobre la necesidad de un estudio y posterior Evaluación Ambiental de Portezuelo del Viento”, expresó.

Y explicó: “Según parece, lo concreto y real resulta ser que el Gobernador ha pedido un pronto despacho, pero en realidad no hay nada que despachar. ¿Qué quiere decir esto? Clarito: en la reunión de Gobernadores del 26 de julio del 2020, se decidió por mayoría de cuatro votos contra uno a favor de la moción del Gobernador Sergio Ziliotto, consistente en que debía realizarse un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca del Río Colorado, en el marco de la Ley N° 23789, de Obras Hidráulicas”.

Pérez Araujo continuó diciendo que “en dicha ocasión, ante el Consejo de Gobierno integrado por los cinco gobernadores de la Cuenca y presidido por el Ministro del Interior de la Nación, el Gobernador Suárez, según consta el Acta N° 73, manifiesta que solicitará se active el procedimiento de solución de controversias previsto en el Capítulo V del Estatuto”.

“Dos días después, presenta un escrito que se anexa al Acta, pidiendo se cite a nueva reunión a efectos de dirimir el conflicto. Entonces, lo que ha hecho la provincia de Mendoza es manifestar que va a iniciar el procedimiento que, como bien dice el Estatuto, tiene varias etapas administrativas que deben cumplirse, pero jamás lo hizo”, continuó.

Al respecto, se explayó diciendo que “entre esas etapas administrativas, la primera consiste en que el propio Consejo de Gobierno debe dirimir el diferendo en la interpretación del tratado o en la aplicación del programa único que ese tratado aprueba. Es así que no solucionado el diferendo por no alcanzarse unanimidad entre las provincias, es el Presidente de la Nación quién se constituye en la figura del árbitro que debe emitir el laudo para resolver el diferendo”.

Y sentenció: “En la provincia de La Pampa lo hicimos. A saber: vale decir que estamos ante un juicio arbitral, ante un procedimiento que debe tener todos los elementos de un proceso contradictorio. Esto es, debe ser planteado mediante un escrito fundado que plantee la pretensión de la provincia, en este caso de Mendoza”.

“Es en esa instancia en la que se da por constituido el proceso, y de esa acción se le debe dar traslado a las demás provincias que deben contestar y manifestar sus argumentos a favor o en contra de la posición de quién requiere el laudo”, siguió.

Además, señaló que “de ese modo fue llevado a cabo el proceso anterior por la provincia de La Pampa cuando solicitó el laudo presidencial el día 16/3/2017, mediante demanda de arbitraje interpuesta ante el Presidente de la Nación”.

Y continuó: “Mediante esa acción, que pone en funcionamiento el proceso arbitral, es que se debe solicitar la ampliación de fundamentos prevista en el Estatuto, y se le debe dar vista a las restantes provincias del Coirco”.

Hernán Pérez Araujo aclaró que “el Estatuto y el Reglamento son muy claros al respecto: fijan un plazo perentorio de 60 días, prorrogables por 30 días más, para instar el procedimiento de resolución de conflictos. En este caso, la provincia de Mendoza ha llevado a instancias del Presidente en la Nación un pedido de pronto despacho, pero parece que no hay nada que despechar”.

Y sentenció: “Todos los plazos se han vencido sin que la provincia de Mendoza haya instado el laudo presidencial o el mecanismo de resolución de conflictos que en el acta N°73 de Consejo de Gobierno de código manifiesta iba a realizar. Por lo tanto, no hay proceso, ni debiera haber laudo, sino remisión a lo decidido por los Gobernadores. En conclusión, ha habido mucha cháchara de parte de las autoridades y prensa mendocinas, mucho grito y alharaca, pero la verdad es que ha habido poco trabajo, y jamás pusieron en práctica todo lo que por los medios nos fueron anunciando. Ahora van a buscar culpables, por supuesto. En la Nación, en La Pampa, y vaya a saber dónde más”.

“Lo único claro es que nos ponemos a trabajar en el Estudio y posterior Evaluación Ambiental de toda la cuenca, o deberán usar el dinero (la friolera de 1023 millones de dólares) en otras obras que, vale recordarles, deberán ser analizadas y aprobadas dentro de los respectivos organismos de Cuenca de manera previa a su concreción”, finalizó.