En un documento titulado “Declaración de solidaridad con la Dra. Iara Silvestre”, Pinky Pumilla, Raquel Barabaschi, Graciela Bertón, Rafael Guardia y el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos entre otros, rechazaron y descalificaron la sanción.

“Se acaba de conocer públicamente una sanción de suspensión aplicada a la Dra. Iara Silvestre como Secretaria Penal del Juzgado Federal de La Pampa. Las partes querellantes en los juicios de lesa humanidad junto a  sus abogados y abogadas patrocinantes,  queremos compartir nuestra posición sobre este hecho”, indicaron en el texto hecho público.

“La doctora Silvestre se desempeñó  como Secretaria Penal desde diciembre de 2001 hasta agosto de 2013, fecha en que fue designada  Jueza subrogante por el Consejo de la Magistratura, siempre apegada a la legalidad y el debido proceso, comprometida con los derechos humanos y los valores democráticos”.

“Queremos destacar el extraordinario trabajo profesional llevado a cabo por Silvestre, mientras le tocó instruir el proceso de lesa humanidad como Jueza Subrogante, como así también su abnegado compromiso con la verdad y la justicia más allá de las lógicas diferencias de criterio”.

“Estamos convencides, no sólo del valor de sus condiciones personales y profesionales, sino también de los inconfesables motivos que alientan su persecución”.

“No puede pasar desapercibido que dicho juzgado permaneció seis años sin juez regularmente designado (un atraso mucho más grave que el invocado en la denuncia en su contra).  Luego  de este período, el primero  en ser designado, fue el  Sr. José Charlín, destituido al poco tiempo y condenado por delitos relacionados a la  cuestión de género, siendo  una de las  víctimas  la Dra. Silvestre”.

“Es  preciso resaltar y reflexionar  acerca de que tres jueces de los cuatro que la sancionaron y el entonces fiscal que la denunció, son hombres. Es  indudable que el fuero penal es un ámbito tradicionalmente asignado a los hombres por el patriarcado; por lo que entendemos que  es completamente absurdo sancionar a una persona de las condiciones de Silvestre, aludiendo a un supuesto retardo de justicia, cuando hoy en día el mismo juzgado tarda meses en resolver cuestiones de mero trámite y cuando las instancias de impugnación suelen tardar no menos de 9 o 10 meses en resolver recursos”.

“La sanción en sí misma no hace más que hablar de las condiciones institucionales del fuero federal y de las personales de Silvestre”.

“Afirmamos nuestro apoyo público a ella y apelamos a las instancias pertinentes a fin de que reviertan esta infame medida. No podemos callar ante un hecho que consideramos grave y que atenta  no sólo contra una persona de bien, sino también  contra  el Servicio de Justicia”, concluyeron.