El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) confirmó hoy las sentencias contra los policías Fernando Alberto Rolhaiser, Guillermo Julián Giménez, Luis Horacio Bruno, Carlos Daniel Mendibe y Diego Hernán López a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, como autores materiales y penalmente responsables del delito previsto de sedición e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un tiempo doble al de la condena.

Además, los jueces de la Sala A, Filinto Rebechi y Mauricio Piombi, también ratificaron las absoluciones que dictara la Audiencia de Juicio, el 6 de marzo pasado, a favor de José Luis Furriol, Daniel Narciso López, Luis Rodrigo Wiggenhauser, Carlos Daniel Gatica y Marcelo Ormaldo Cisneros, en orden al mismo delito.

El TIP así lo hizo saber al no hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el defensor oficial Martín Martín García Ongaro y el fiscal general de la Primera Circunscripción Judicial, Guillermo Sancho, respectivamente.

Los jueces de audiencia Carlos Besi, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedín, luego del juicio oral, habían dado por acreditado en la sentencia que el 11 de diciembre de 2013, a las 23, el sargento ayudante Mendibe, los cabos primero Rolhaiser, Giménez y Bruno, y el agente López, “todos empleados policiales cumpliendo funciones en la Policía de La Pampa, ingresaron –junto a otros funcionarios policiales uniformados y de civil, los que portaban armas de fuego–, en forma violenta y con ejercicio de la fuerza, al interior de la Jefatura de Policía (…), haciéndose del mando de la misma, lo que permitió el poder de disposición libre de sus instalaciones y de las dependencias que allí funcionaban; como así también de la oficina del CECOM (contigua a Jefatura), donde funcionaba el 101 (llamados de emergencia)”.

“Allí obligaron a los operadores a no atender los llamados, levantando el teléfono y cortando, interrumpiendo de esta manera su normal funcionamiento (…) Además expulsaron, sacándolos por la fuerza, por medios violentos a los comisarios Eloy Rodríguez y Francisco Icuza que, en esos momentos se encontraban a cargo de la Jefatura y del Cecom, respectivamente; situación ésta que duró hasta el jueves 12 inclusive”, agregaron en el fallo.

“Estos hechos violentos llevados a cabo y descriptos, tuvieron como única finalidad exigirle al Poder Ejecutivo Provincial el cumplimiento inmediato de doce peticiones que por escrito le habían hecho llegar el mismo día 11 en horario nocturno, y al no recibir la respuesta en forma inmediata que pretendían, se sucedieron los hechos referidos. La situación descripta finalizó en la noche del día 12 al conceder el entonces gobernador un aumento salarial”, señaló la Audiencia de Juicio hace 50 días.