La negociación de Lovera tuvo argumentos por demás de contundentes cuando descalificó a su par por ser “el representante de los intereses de un Gobierno Provincial sin estatura moral para hablar del manejo de aguas”.

“Como pampeanos, jamás vamos a llegar a revisar los aspectos técnicos de un proyecto de Cobos sobre los ríos como recurso porque el problema fundamental es político, él representa a un Gobierno Provincial que ha demostrado el desprecio por el derecho ajeno sobre el agua, y con ello, el consecuente desprecio por ese derecho humano fundamental para los pampeanos”, declaró Lovera.

Continuando sus fundamentos que lograron retirar el proyecto para que fuera tratado en el Senado dijo: “Para mí, como pampeano, es muy importante haber podido parar el tratamiento de este proyecto porque, en primera instancia, esto es una cuestión estrictamente política”.

“Es de público conocimiento el conflicto histórico que mi provincia tiene con Mendoza por el uso unilateral que esta hace de las aguas del río Atuel, con todo el daño económico, ambiental y humano que implica para los pampeanos. También todos saben el compromiso asumido por mi Gobierno Provincial en pos de la restitución de los derechos humanos vulnerados de todos los pampeanos. En 1947 se cortó por primera vez la escorrentía del río debido a la construcción, aguas arriba, de la represa El Nihuil”, agregó.

Y continuó: “En consecuencia, miles de familias del oeste pampeano se vieron obligadas a abandonar sus tierras por la arbitraria privación del acceso al agua potable tanto para consumo como para el desarrollo de actividades productivas. ¡Más de 70 años de abuso continuo y sistemático! Podemos ilustrar perfectamente lo ocurrido, cuando contestando una desafortunada afirmación del jefe de Gabinete de Ministros, que sostenía que Mendoza se veía perjudicada por el conflicto del Atuel, el procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo, dijo: «no puede verse como perjudicada una provincia que para regar entre 45 y 50 mil hectáreas ha desertificado un millón y medio», ese millón y medio de hectáreas corresponde a la zona de sacrificio que Mendoza generó en la provincia de La Pampa, ocasionando un daño ambiental y un desierto sin parangón alguno en nuestro territorio, y siendo hoy considerado uno de los mayores desastres ambientales de toda América del Sur”.

La Corte Suprema de la Nación también falló a favor de La Pampa, imponiendo un caudal mínimo que todavía estamos esperando porque Mendoza lo retiene entre manipulación y especulación, y con el guiño explícita del Gobierno Nacional.

El agua como derecho humano reconocido por Naciones Unidas, el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano sin comprometer a generaciones futuras que está escrito en nuestra Carta Magna y tantos otros, han sido violados por la provincia de Mendoza.

“¿Qué proyecto del senador Cobos vamos a tratar si su reputación lo precede!”, espetó Lovera en la consulta.

“Nuestro río, un río interprovincial, está cortado desde hace más de medio siglo, con esto como respaldo voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para que Mendoza no pueda incluir, en nuestro trabajo legislativo, ningún proyecto de ley vinculado con el manejo de los recursos hídricos de esta Nación”, cerró el senador pampeano.